Las constructoras reclaman 72 millones por los retrasos y cambios en la Variante

Adif, la empresa pública que gestiona las obras ferroviarias, tuvo que provisionar 664 millones en sus cuentas de 2019 para hacer frente a las reclamaciones que le vienen interponiendo las constructoras. Para afrontar los litigios con garantías, la sociedad dependiente del Ministerio de Transportes anda fichando a peritos que puedan tasar el precio de las líneas ya avanzadas.

La ola de reclamaciones con la que lidia incluye a la variante de Pajares, el tramo más caro por kilómetro construido, con un esfuerzo final que pasará de los 3.700 millones. En estos momentos las constructoras tienen cursadas reclamaciones por valor de 75 millones aún pendientes de resolver. La cifra excede a los 68,9 millones invertidos en 2019, los 67,2 del curso anterior, o los 63 que tiene reservados para rematar los trabajos de este año.

Desde la empresa que ha liderado la inversión pública del país explican que estos pulsos no son exclusivos ni de la variante ni de la alta velocidad, «sino que alcanza al resto de entidades públicas promotoras de obra pública, que han visto incrementado enormemente el volumen de reclamaciones desde el año 2015, momento hasta el cual eran testimoniales».

De momento los litigios están terminando con resultado favorable para el erario, toda vez que cerca del 90% de las sentencias desestiman las pretensiones de las empresas. Las controversias ahora en trámite administrativo o judicial son por actuaciones terminadas entre 2017 y 2019 y la previsión es que vayan a la baja, visto que la propia variante está en la fase final de trabajos.

¿Qué hay detrás de estas pugnas? Sobre todo discrepancias sobre el precio a liquidar de una obra recién terminada, los costes en los que incurrió la constructora por recortes de inversión o paralizaciones de las que no era responsable. Son situaciones que en la variante se han dado con relativa frecuencia.

La ejecución de la plataforma y perforación de túneles, la fase inicial, se dividió en siete contratos. Tras su adjudicación se tramitaron para avanzar en esos tajos 19 proyectos modificados, 13 proyectos complementarios y cinco proyectos de emergencia. Ni uno de los encargos cumplió los plazos ni el diseño inicial; siempre hubo que hacer reajustes, cambios y adaptaciones.

A ello hay que sumar otro factor: las obras se contratan con un presupuesto calculado con las tarifas de ese momento, pero cuando se entrega el tramo el constructor tiene derecho a una revisión de precios. En trabajos que se alargan en el tiempo es fácil por ejemplo que los costes de las materias primas empleadas o las horas a pagar según convenio hayan variado sustancialmente.

Este mecanismo de compensación es clave para entender por qué el presupuesto estimado para la variante de Pajares ha ido creciendo año a año hasta pasar de los 3.700. En al menos 16 de los contratos formalizados para su ejecución los plazos de obra terminaron superando los 60 meses, un periodo lo suficientemente amplio como para que la liquidación final difiera de las tarifas con las que se inició la faena.

Otra fuente de conflictos está en las compensaciones. Trabajos que se encargan, avanzan, y luego hay que rescindir porque no interesa hacer con ese proyecto. Hay al menos dos empresas que por esta vía lograron indemnizaciones sin avanzar un solo metro de la infraestructura que se les encargó.