La conclusión de la variante de Pajares, amenazada por la lucha de León por recuperar su agua

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene abierto desde 2017 un expediente para verificar si la obra ejecutada respetó la declaración de impacto ambiental y si ésta fue adecuada o se quedó corta a la hora de imponer medidas correctoras. Dio ese paso tras varias denuncias cursadas por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores junto a la asociación ecologista Lacerta. El abogado que les representa ya había puesto el asunto en conocimiento de la Comisión Europea, que pidió aclaraciones a España.

En 2018 la empresa pública que gestiona las obras, Adif, contrató una auditoría para defenderse en este proceso. Su dictamen reduce a doce los manantiales y trece los tramos de ríos que aún pierden parte de su caudal tierra adentro para terminar en los macrotúneles.

Es lo que en su día se conoció como un «trasvase oculto» entre León y Asturias. Los túneles tienen 24,6 kilómetros entre Pola de Gordón y Los Pontones, con pendiente descendiente hacia el lado asturiano, hacia el que liberan el agua subterránea que se filtra a su interior a un ritmo de 319 litros por segundo, según los últimos datos. El informe hecho para Adif sostiene que eso entra dentro de lo habitual y respecto a sus obligaciones entiende que solo le quedaría arreglar seis estribos de puentes, rehabilitar dos turberas y revegetar las zonas en obras para cumplir con la declaración de impacto ambiental.

Carlos González-Antón, letrado de los municipios afectados, acaba de presentar a Transición Ecológica su contrainforme. El escrito, fechado el 10 de junio, defiende que los permisos ambientales no se han cumplido y que además se quedaron cortos. Por ello solicita al ministerio del que es titular Teresa Ribera a que «exija al Adif la presentación de un proyecto integrado de medidas correctoras y compensatorias que se someta de nuevo a evaluación ambiental».

Como «medida cautelar» solicita una ampliación de las obras para instalar «un sistema de bombeo en uno de los túneles, para devolver 250 litros por segundo al río Bernesga». Los túneles en los que ahora se trabaja para tender la catenaria y poner el sistema de ventilación tienen su espacio bien medido. La propuesta exigiría hacer sitio a una tubería de 60 centímetros de diámetro dentro de uno de los dos macrotúneles. El coste eléctrico del bombeo oscilaría entre los 1,68 y los 2,32 millones al año, según la opción por la que se opte.

El documento presentado en nombre de Lacerta y las entidades locales abunda en el perjuicio que estaría causando la pérdida de ese agua, el valor de los pastizales secados, la protección que tienen y los efectos del cambio climático. En manos del ministerio queda valorar si son argumentos suficientes para ampliar las obras de la variante con el bombeo planteado.