Ciñera, la «precursora» de las plataformas antidesahucios... hace 32 años

Casi 60.000 desahucios se han producido en España durante el pasado año. Las ejecuciones hipotecarias han sido muy frecuentes en los últimos años, a raíz de la crisis, con la consecuencia de la creación de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) que han crecido tanto a raíz de estos hechos.

En los últimos días, ha estado en el foco mediático el desahucio de Argumosa, en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés, que ha vuelto a poner en el centro de la atención social este problema que ha afectado a tantos españoles y a tantos leoneses.

Pero hace 32 años, esta situación, aunque por causas diferentes, se vivió en Ciñera... con una salvedad: el pueblo minero, gracias a una acción conjunta de protesta y oposición, logró frenar que estas personas se quedaran sin hogar.

Todo esto ocurrió en el verano de 1987, en concreto, el 22 de julio. A las 9:00 horas, varios agentes de las fuerzas del estado, un abogado y un procurador, se presentaron en una vivienda de la Plazoleta del Minero de Ciñera para desahuciar a Celia Alario y a su familia.

La propietaria de la casa, la Hullera Vasco Leonesa, empresa minera que operaba en la comarca de la Montaña Central, tenía como orden desalojar a los inquilinos de sus viviendas a los mineros jubilados, después de acabar su etapa laboral en el tajo.

Muchos de los mineros que se jubilaban se mudaban a otras localidades, especialmente a la ciudad de León. Pero no en el caso de Celia, que no disponía de otro techo en el que cobijarse y, por ello, quería quedarse en su casa.

Por ello, el pueblo de Ciñera se unió y se levantó en el momento en el que los agentes allí desplegados comenzaron a sacar de la vivienda y depositar en la calle distintos muebles y elementos de la casa de esta vecina, cubiertos con sábanas.

Movilizados por los sindicatos de la comarca, prácticamente todo el pueblo de Ciñera y vecinos de localidades colindantes como La Vid de Gordón o Santa Lucía, se presentaron, con pancartas y elementos para hacer ruido, frente a esta vivienda para mostrar su repulsa a estos hechos.

La presión popular logró frenar el desalojo de Celia y su familia, en lo que fue celebrado como una gran victoria del pueblo de Ciñera que, no sólo evitó el desahucio de esta vecina momentáneamente, sino que se iniciaron una serie de pleitos judiciales que acabaron con sentencias favorables a los mineros ciñerenses y la empresa, desde ese momento, no tenía legitimidad para desalojar a los jubilados de estas viviendas.

Para algunos, este fue el primer gran momento de «piña» y «unión» de Ciñera, el primer gran triunfo de la unión social en la localidad minera, que se ha convertido en la «precursora» de las plataformas antidesahucios con esta acción que tuvo lugar hace más de tres décadas.

Por su parte, la Hullera Vasco Leonesa, en su propia publicación, Hornaguera, explicó días después los hechos. «Todo tuvo su origen en el momento de dar cumplimiento a una sentencia dictada por la Autoridad judicial, que había seguido a un juicio en el que las partes pudieron aportar todas las pruebas y alegaciones en apoyo a su derecho. Esta sentencia había alcanzado firmeza ya en el último trimestre de 1984 y en ella se declaraba que la demandada, doña Celia Alario Merino, debía dejar libre la casa que ocupaba, propiedad de la S. A. Hullera Vasco-Leonesa», señalaban en dicho comentario.

La empresa asegura que «la oposición frontal a la actuación judicial que impidió dar cumplimiento a la sentencia, llevada a cabo por la desahuciada, con ayuda de otras personas», representaba «un atentado contra el orden jurídico imprescindible para la normal convivencia en un país civilizado». «No es una acción contra la S. A. Hullera Vasco-Leonesa, sino contra los derechos fundamentales de la organización del Estado que dimanan de la Constitución», alegaban.

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