Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia se unen en un frente común que permita regularizar y normalizar el lobo

Así lo han trasladado los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas a la ministra Teresa Ribera durante la reunión que han celebrado por videoconferencia para analizar la situación del lobo ibérico en España.

Tras escuchar la postura de la ministra, los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas le han trasladado la preocupación del sector ante los efectos que puede provocar la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) y le han exigido que reconsidere su postura y, al menos, tenga en cuenta el criterio técnico de las comunidades autónomas en las que habita la especie y cuentan con mayor conocimiento y experiencia en la gestión de su población.

Las cuatro comunidades han pedido a la ministra que no adopte la decisión de publicar en el BOE sin antes haber llegado al consenso necesario sobre una nuestra Estrategia. En definitiva: «empecemos la casa por los cimientos, no por el tejado».

Han defendido la necesidad de que sean Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León sean las comunidades autónomas que lideren la estrategia nacional para la conservación del lobo ibérico porque, además de acumular a la mayoría de ejemplares que existen en España, manejan una amplia información científica de importante calada que es fruto de una amplia experiencia en la gestión de su población y el respaldo técnico de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.

En este sentido, le han recordado que esta misma semana han constituido un comité técnico para coordinar, de manera conjunta y desde la colaboración institucional, la cooperación y el consenso, las medidas y actuaciones de gestión que llevan a cabo cada una de las cuatro comunidades autónomas en sus respectivos planes de gestión.

Además, argumentan que su rechazo a la especial protección del lobo cuentan con un amplio respaldo que va más allá del consenso social, científico y político que existe en Castilla y León, Cantabria, Galicia, Asturias y , ya que otras autonomías como el País Vasco o la Comunidad Autónoma de Madrid han trasladado recientemente su apoyo a la postura de las comunidades 'loberas' ante el temor de que la falta de control que supondrá la especial protección del lobo provoque el crecimiento «desmedido» de su población y su correspondiente expansión a otros territorios del país.

A todo ello hay que sumar, han recordado, la postura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien en una reciente visita a Cantabria manifestó su firme apuesta por la cohabitación del lobo y la ganadería extensiva desde el respeto a la biodiversidad y la actividad del sector primario.

De hecho, aseguró a Revilla, han continuado los consejeros, que su ministerio va a solicitar su incorporación a los grupos de trabajo y las reuniones técnicos en las que se debate la propuesta de incluir al lobo ibérico en el LESPRE.

Finalmente, han asegurado a la ministra Ribera que irán hasta las últimas consecuencias en su defensa de la vigente gestión de la conservación y control del lobo que están desarrollando con buenos resultados y con unas medidas que consideran imprescindibles para hacer frente a los riesgos que conlleva la creciente expansión en población y superficie que ha experimentado el lobo en los últimos 20 años.

Tras la reunión, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suarez-Quiñones, ha declarado en la necesidad de buscar acuerdos y el equilibrio necesario entre la conservación del lobo y la necesidad de apoyar a la ganadería extensiva.

El lobo ya está suficientemente protegido con nuestro plan de gestión. Si le anulan, los ganaderos de las zonas con lobo van a tener muchos problemas para mantener la ya comprometida viabilidad de sus explotaciones y el lobo, y nuestro medio natural en general, va a sufrir la reaparición de prácticas ilegales, como el furtivismo o el envenenamiento», han asegurado los Consejeros

Los Consejeros han insistido en que «la propuesta del Ministerio supone un gravísimo error basado en el desconocimiento y el desprecio hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tenemos que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona».

No entienden que el Ministerio quiera «echar por tierra» el trabajo realizado por las comunidades 'loberas' durante tantos años en la gestión de la viabilidad de las explotaciones ganaderas en zonas con presencia de lobo, sus efectos en el desarrollo rural y su contribución al despoblamiento, además de la conservación del lobo, sus hábitats y las demás especies amenazadas por esos cánidos.

Las cuatro comunidades han insistido en su petición al Ministerio para que no avance en medidas que han pedido determinadas organizaciones ecologistas, y abra de verdad un espacio de consenso para la elaboración de una nueva Estrategia sin condicionar su contenido a decisiones previas que no tienen ningún soporte ni técnico ni científico.