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Parecía que nunca llegaría, pero como esas cosas que se dejan de esperar y ocurren, la 'lista negra' de Hacienda deja de incluir a municipios leoneses desde este pasado mes de septiembre.
El 'castigo' creado por el exministro Cristóbal Montoro para aquellos que inclumplan ... la Ley de Economía Sostenible ya no azota a los ayuntamientos de la provinica. Los consistorios de Crémenes y Mansilla de las Mulas han cumplido con la obligatoria rendición de cuentas, en una gestión que tenían pendiente desde hace un año.
Durante lo más duro del confinamiento, cuando pocos eran los que podían salir de casa, no faltaron las actividades para llenar aquellos días de reclusión obligatoria. Desde hacer pan, practicar gimnasia casera hasta formarse con los cursos online, la variedad de opciones para pasar el tiempo han sido tantas como posibilidades se le puedan llegar a ocurrir a uno.
Aquel periodo fue aprovechado por Candín, Peranzanes y Santa Elena de Jamuz para ponerse al día con Hacienda, mientras que La Pola de Gordón cumplió meses atrás.
Ahora ya, once meses después, no hay ayuntamiento de León que inclumpla esta Ley, que tiene como castigo la entrega a cuenta de la participación en los tributos del Estado, un ingreso que ayuda a las casas consistoriales a funcionar con mayor holgura.
Si la provincia cumple, aún hay municipios de la comunidad que siguen sufriendo el castigo de Hacienda. Son nueve en Ávila (Brabos, Hoyos del Collado, Muñogrande, San Bartolomé de Pinares, San Juan del Olmo, Santo Tomé de Zabarcos, Sigeres, La Torre y Viñegra de Moraña), nueve también en Burgos (Castildelgado, Ciadoncha, Gumiel de Mercado, Huerta de Arriba, Neila, Presencio, Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val y Villamiel de la Sierra), cinco en Palencia (Autilla del Pino, Buenavista de Valdavia, Fresno del Río, Pino del Río y Santa Cecilia del Alcor), tres en Salamanca (Ahigal de Villarino, Cabeza del Caballo y Trabanca), dos en Segovia (Calabazas de Fuentidueña y Pajarejos) y uno en Valladolid (Villagarcía de Campos).
Es una de esas herencias del Gobierno de Mariano Rajoy que el el PSOE no ha cambiado. De hecho, salvo modificaciones puntuales en los primeros puntos, la Ley sigue imperando para que la lupa vigile las arcas locales y que el castigo sea el mayor incentivo para cumplir con lo establecido.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economia Sostenible como la llamó entonces el ministro popular Cristóbal Montoro, obliga a las entidades locales a rendir cuentas ante Hacienda en tiempo y forma.
La obligación, justificada en el preámbulo de la Ley con un claro «la crisis financiera y económica internacional, la más grave en muchas décadas, ha afectado también con intensidad a la economía española», cita a los ayuntamientos españoles a enviar periódicamente sus cifras al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas.
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