La «avalancha» de proyectos fotovoltaicos en la provincia llega al Procurador del Común

Ecologistas en Acción de la provincia de León se ha dirigido a la Comisión de Transparencia del Procurador del Común de Castilla y León pidiendo su mediación, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Villamoratiel de las Matas, al que solicitó información sobre la naturaleza jurídica de los terrenos, posiblemente comunales, en los que se proyecta la central fotovoltaica denominada «Mensa Solar».

La asociación está haciendo seguimiento, en la medida de sus posibilidades, de la avalancha de solicitudes de plantas solares fotovoltaicas (PSFV) que se han admitido a trámite durante el presente año 2021, tanto en la Subdelegación del Gobierno como en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León.

Por el momento son 48 PSFV con una potencia pico de más 3.600 megavatios (3,6 gigavatios) que se aproxima al 10% de toda la potencia solar fotovoltaica (39GW) prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a instalar en 2030.

Sólo las centrales de generación de estos proyectos, ocuparían más de 7.300 hectáreas en 20 municipios: Villadangos del Páramo, Cimanes del Tejar, Cuadros, Sariegos, Quintana del Castillo, Benavides de Órbigo, Villamejil, Valderrey, Castrillo de la Valduerna, Destriana, Luyego, Turcia, Villagatón, Quintana y Congosto, Villares de Órbigo, Pajares de los Oteros, El Burgo Ranero, Villamoratiel de las Matas y Rioseco de Tapia. Sin que podamos contabilizar los cientos de hectáreas necesarias para construir las instalaciones de transformación y evacuación que forman parte de los PSFV: subestaciones de transformación y líneas eléctricas de media y alta tensión. Los tendidos eléctricos se acumularán sobre todo en los municipios que albergan los nudos eléctricos a 400kV de Red Eléctrica Española (Montearenas, Vilecha, Villameca, La Robla, Luengos,...) o están próximos a ellos.

Este enorme despliegue sobre el suelo rústico de nuestra provincia, se está realizando de manera precipitada y desordenada, -sin planificación ni evaluación ambiental estratégica- con irregularidades en la tramitación de los expedientes que esta asociación está poniendo de manifiesto en sus alegaciones. Por ello, creemos posible que parcelas comunales que forman parte de los bienes de dominio público, se estén adjudicando directamente a las empresas eléctricas solicitantes, sin publicidad y sin concurso público, en contra del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Dado que las Corporaciones locales están obligadas a inventariar y registrar sus bienes, y siendo el acceso a los registros públicos un derecho legalmente reconocido, animamos a las personas y entidades contrarias a estos proyectos, a solicitar en sus Ayuntamientos información que acredite la naturaleza jurídica de los terrenos, pues podría ocurrir que se estuvieran asignando «a dedo» parcelas cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos.

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