Aucalsa exige una compensación por los 79 millones que cuesta arreglar la autopista del Huerna

De un lado está la política, el terreno que le es propio al también secretario de organización del PSOE, y que acaba de agitar él mismo anunciando que suprimirá los peajes cuyo plazo de concesión terminan de aquí a 2019. El ejemplo vale para la AP-1 Burgos-Amiñón (Álava), la AP-7 Alicante-Tarragona, y la AP-4 Sevilla-Cádiz, pero también espolea la sensación de agravio en las demás. Es una agitación que el Principado quiere aprovechar para lograr una reducción de la concesión o las tarifas en el Huerna.

Sin embargo, por otro lado está la ley. Más concretamente el Real Decreto 635/2006, norma aprobada por España para adaptarse a una directiva comunitaria que exige reforzar la seguridad en los túneles de carretera. En función del tráfico que soporta cada tubo y su longitud, el texto va estableciendo la potencia que deberían tener sus ventiladores, el número de cámaras de videovigilancia, el tipo de firme o las galerías de evacuación.

El decreto establece que como mucho el 30 de abril de 2019 los túneles afectados por la norma deberán haber terminado las obras de adaptación. Hace dos años el Ministerio de Fomento requirió a Aucalsa que chequeara sus túneles y le presentara unos proyectos para ver cuál había que adecuar. El trabajo concluyó que para cumplir la norma, había que reformarlos todos.

El estudio de la concesionaria cifraba en 46,95 millones el coste de las obras, cálculo que los técnicos del Ministerio de Fomento juzgaron muy conservador. Tras revisar los proyectos «el presupuesto estimado de las actuaciones asciende a 79,4 millones», explican desde el departamento. Es un 69% más de lo que creía la empresa.

Una vez aprobados los diseños, y dado que los plazos apuran, Fomento remitió el mes pasado la documentación al Ministerio de Medio Ambiente, cuando aún se llamaba así. La AP-66 atraviesa suelo protegido, que forma parte de la Red Natura 2000, y lo que le consultó es cuál debería ser la tramitación necesaria para obtener su permiso para las obras.

La burocracia avanza así sin que todavía se haya resuelto una cuestión esencial: ¿Quién pagará el que supone el mayor desembolso en la AP-66 desde su estreno? Aucalsa lleva años advirtiendo de cuál es su interpretación del asunto. «La realización de estas inversiones no está contemplada en el actual acuerdo concesional», repite en sus últimos informes de gestión depositados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Efectivamente, en 1975, cuando se forjó el citado contrato, nadie advirtió a los accionistas de que en el futuro la ley podía imponer una adaptación de semejante calibre. La empresa, sin embargo, no se desentiende del todo del esfuerzo financiero y matiza que, en caso de cargar con él, «deberán establecerse los mecanismos compensatorios correspondientes para que la sociedad pueda llevarlas a cabo». En el sector concesional, estas «compensaciones» se suelen traducir bien en subidas de tarifas, bien en prolongación de los años otorgados para la concesión.

Las alternativas son coherentes a ojos de una empresa que, en las actuales condiciones, asegura necesitar todavía muchos más años de beneficios para terminar de recuperar la inversión realizada en la construcción y conservación de la AP-66. Según la contabilidad del año 2016, su desembolso acumulado lo valora en 654 millones, de los que por ahora solo habría amortizado el 28,9%. Aucalsa se rige por un plan económico que estima que para el año 2050 sí habría podido resarcirse, en parte gracias a los más de 3.000 millones que considera podrá recaudar a los usuarios hasta entonces.

Alterar esa balanza incluyendo una obra imprevista de 79,4 millones lo desnivelaría todo y «la base de cualquier modificación de estas características ha de ser el respeto al equilibrio económico-financiero de la concesión», recuerda en su informe. ¿Qué responde Fomento? De momento, que su obligación es la de «promover la tramitación» de las obras, porque a fin de cuentas es el titular último de la AP-66, «independientemente de que sea explotada bajo régimen de concesión».