Asturias plantea rebajar el peaje de la AP-66 a los coches más ecológicos

La Comisión Europea revisará la legalidad de las bonificaciones que el Ministerio de Transportes financia al transporte pesado en la autopista del Huerna (AP-66). El 1 de enero entró en vigor una mejora que ha extrañado a Bruselas. En el recorrido completo, de Campomanes a León, los camiones y autocares de dos y tres ejes pagan 11,30 euros, un descuento de 4,25 sobre los precios de 2024. Para los camiones y autocares de cuatro y más ejes la rebaja fue de 6,45 euros, quedando el tíquet en 14,50. Los vehículos ligeros, por contra, vieron encarecerse su tarifa hasta situarse en los 15,60. No hay otra autopista de titularidad estatal donde una moto eléctrica pague más que un megatrailer de tracción diesel.

Tras un primer análisis de la situación, desde la Comisión remitieron a EL COMERCIO un aviso a navegantes: «Parece que los descuentos otorgados a los vehículos pesados por las autoridades españolas pueden ser superiores a los que permite la Directiva Euroviñeta». Esta norma, de 2022, fija reglas para calcular los peajes a los camiones; admite bonificaciones pero limita el margen de las mismas. «Para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades nacionales pertinentes», avanzó el Ejecutivo comunitario.

La noticia enervó al sector del transporte, que llevaba un año esperando por una mejora de bonificaciones que el ministerio prometió en enero de 2024. Lo hizo tras el escándalo desatado después de que EL COMERCIO destapara que existe un techo de gasto para los descuentos que permitía dedicar más fondos al asunto.

Desde la Consejería de Movilidad respondieron el domingo a la situación recordando que su premisa de partida «es que el peaje del Huerna no debería existir y por tanto la política de bonificaciones ha de ser tan amplia como sea posible». Eso comporta «poder incluir a los vehículos de bajas emisiones sin que esto suponga cuestionar en absoluto los descuentos para pesados», matizan las fuentes consultadas.

Se trataría, por tanto, de que los vehículos ligeros eléctricos, de gas natural, biogás o híbridos tengan un precio especial en atención a su sostenibilidad, algo de lo que ya hay precedentes en España. La Generalitat de Cataluña y las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya financian descuentos en peajes según las emisiones del vehículo. En el caso catalán oscilan entre el 75% y el 30%, según el grado de contaminación, mientras en el vasco es del 25%.

En la consejería recuerdan en todo caso que su posición es la de denunciar «que la ampliación del peaje era injusta y queda ahora confirmar si también fue ilegal y la responsabilidad del gobierno del PP en esa decisión».

Por su parte la eurodiputada del PP asturiano, Susana Solís, indicó que su formación está «comprometida con la supresión del peaje de Huerna, como hemos demostrado con proposiciones en la Junta General, la última de ellas hace sólo medio año». «Exigimos que, mientras no se elimine el peaje, se amplíen las bonificaciones a todos los asturianos; es incomprensible que los coches paguen más que los camiones con las bonificaciones actuales, mientras no se ejecuta todo el presupuesto disponible», amplió.

Desde el ámbito económico la presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade), María Calvo, recordó que los descuentos al transporte pesado «son imprescindibles para que Asturias pueda competir en igualdad de condiciones con otras regiones. Es lo mínimo necesario para mitigar los sobrecostes que afrontan nuestras empresas debido a nuestra ubicación y orografía». Desde la patronal confían en que cualquier revisión de la normativa «garantice un marco estable y que no penalice la competitividad de nuestro tejido empresarial».

Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte (Asetra), recuerda que el sector «estuvo peleando durante un año, junto a EL COMERCIO, para lograr esas bonificaciones y espero que el ministerio las hablara antes con Bruselas». «Es la única vía homologable que tenemos, de hecho para sacar mercancías peligrosas es la que estamos obligados a utilizar», agregó.

«Como las quiten no nos vamos a quedar quietos», señaló Alejandro Monjardín, de la asociación de Transportistas Cesintra. «Lo que tiene que hacer Bruselas antes de meterse en esto es resolver si el peaje se prorrogó de forma ilegal», amplió. Desde su colectivo urgen al ministerio y al Principado «a plantarse; con el argayo ya vimos que no tenemos alternativa al Huerna».

Desde la arena sindical José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, concluye que «más que bonificaciones a camiones, tendría que suprimirse». A su juicio el peaje «es un agravio histórico que padece Asturias».

• Temas
• Principado de Asturias
• El Comercio
• Comisión Europea (CE)