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ramón muñiz
Martes, 2 de mayo 2017, 09:58
El objetivo del Ministerio de Fomento para esta legislatura es llevar el AVE a Pola de Lena. Como ha detallado, esto exige terminar de arreglar el 'fondo de saco' de León, adecuar el tramo León-La Robla con triple carril, equipar los dos túneles de ... la variante de Pajares con vías de ancho internacional y renovar la vetusta rampa. El trabajo es mucho y la inversión también. Equipar el segundo tubo de la variante consumirá unos quince meses de faena y alrededor de 250 millones si valen de referencia las licitaciones para vestir el primero. Prolongar la vida útil del puerto supone 145 millones en cuatro años.
Todo es sin embargo una etapa más en la larga batalla por modernizar la línea ferroviaria. «En Gijón no aceptaremos que llegue otro tren que no sea el AVE», manifiesta la alcaldesa Carmen Moriyón. Con el nuevo esquema, hacer lo propio con Oviedo y Avilés es todavía más perentorio. Hasta que el ancho internacional no llegue a los dos principales puertos, será difícil que las mercancías circulen por la variante de Pajares y den así pleno sentido a la inversión desembolsada.
«Nuestro compromiso es seguir tramitando los estudios informativos y acelerar al máximo los plazos», dijo al respecto el ministro Íñigo de la Serna, el 7 de diciembre pasado. De su equipo depende. El contrato para redactar los estudios informativos de Lena-Oviedo y Oviedo-Gijón-Avilés fueron suspendidos en la anterior legislatura, en marzo de 2016. La resolución aducía que el espacio «ha quedado muy disminuido, debido principalmente a la alta densidad de población residente en el área que abarca el estudio». Se quería «ganar tiempo para obtener un consenso» sobre los trazados. Con el consultor fuera de servicio, el trabajo quedaba en los funcionarios de la casa, a los que tocó gestionar el segundo susto. Tras chequear el borrador del tramo Oviedo-Gijón-Avilés y las alegaciones que suscitó, el Ministerio de Medio Ambiente emitió el 21 de septiembre pasado un informe identificando ocho errores graves que obligaban a detener el expediente. Conforme a la legislación, el departamento daba tres meses para subsanarlos. La entidad de los defectos hacía sin embargo imposible ajustarse al plazo. Aplicando la norma, el expediente fue archivado.
La misma legislación permitirá a Fomento pedir que se recupere el expediente y todos los trámites avanzados en el momento en el que tenga las deficiencias resueltas. Hacerlo no exige de grandes inversiones, pero sí de abundante trabajo de ingeniería, geología y burocracia.
Fondo de saco
Después de llevar desde 2007 madurando el estudio informativo, Prointec entregó un trabajo que propone una 'Y' ferroviaria entre las tres ciudades, pero comete errores impropios. La legislación le obligaba a plantear varias alternativas y justificar cuál ve mejor. «El promotor no opta por recomendar claramente una», afea el informe. En su alegación el Principado lo destacó y aprovechó la indefinición para proponer una combinación de dos de las posibles, algo que ahora los funcionarios de Medio Ambiente requieren analizar. El informe pide también «justificar adecuadamente» por qué está más avanzado el diseño del subtramo final y no el precedente, el de Lena-Oviedo.
Existen debilidades avisadas sin rectificar. En 2010 Medio Ambiente anticipó que necesitaría un análisis del ruido presente en el tramo, las vibraciones que puede causar el AVE y un trabajo de campo que muestree la fauna que cruza el lugar. Nada de ello se ha aportado.
Sorprende que tras los problemas sufridos en la variante, los consultores intentaran salvar el análisis hidrogeológico con su mera descripción. «Más del 40% del trazado se desarrolla en túnel», recuerda un informe que exige evaluar qué impacto tendrá la obra en las aguas subterráneas y cómo evitarlo. El asunto deberá obtener antes el visto bueno de la Confederación Hidrográfica, indica. Hay inconvenientes también con las figuras de protección. Actuar cerca de Trasona y La Furta precisa de un mayor análisis de los perjuicios a sus ecosistemas. Y Prointec propone zonas para verter tierras sin comprobar si hay patrimonio cultural catalogado.
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