La jueza acusa a José Ángel Fernández Villa de llevarse 434.158 euros del SOMA

Con esta decisión, se pone fin a una instrucción que comenzó en octubre de 2010, cuando el SOMA presentó una denuncia contra su exsecretario general por la, a su juicio, apropación indebida de 360.000 euros. La jueza instructora del caso la eleva en sus conclusiones a más de 430.000 euros.

Esa cifra corresponde a las cantidades que José Ángel Fernández Villa ingresó «a su patrimonio personal «entre 1989 y 2012, según concluye la magistrada. «Hasta el 9 de abril de 2013, ostentaba la máxima capacidad de toma de decisiones y representación legal del sindicato, asumiendo la dirección y el control de los medios humanos y económicos y efectuando acciones encaminadas a desviar fondos del sindicato a su patrimonio personal», afirma en su auto la jueza, quien también aprecia que el exlíder minero destinó «capital del sindicato a finalidades distintas de las propias y a sustraer al debido control el uso de los fondos del sindicato a su finalidad legítima».

En este punto, la magistrada procede a exponer en su auto los hechos que considera probados. Por ejemplo, el destino de las dietas de los miembros del SOMA en el comité intercentros de Hunosa. Según la instrucción, la empresa pública minera pagaba esas dietas mediante cheques nominales entre 1989 y 2001, pero «pese a ser conocedor de que los mismos pertenecían al sindicato», Fernández Villa «incorporó a su patrimonio personal la totalidad del dinero» recibido de Hunosa. Simonet Quelle valora en 243.462,46 euros el dinero que Villa cobró durante ese periodo.

En febrero de 2001, Hunosa sustituyó los cheques nominales por las transferencias bancarias como modo de pago por la asistencia a los comités intercentros. Según el auto de la jueza, Villa decidió que esas transferencias no se realizaran a «su destinatario natural», el SOMA-Fitag-UGT, sino a la organización sindical «de similar nombre» SOMA-UGT, «en la que mantenía el control absoluto». Fue así como el 8 de marzo de 2001 fue abierta una cuenta bancaria en la entonces Cajastur desde la que se procedió a «realizar transferencias internas» a otra cuenta del SOMA-UGT. Fue a partir de este momento, entiende la jueza Simonet Quelle, cuando Fernández Villa «procedió a utilizar el patrimonio del SOMA-UGT como una cuenta personal de gastos a los que añadió otros personales». Para ello utilizó una serie de tarjetas de crédito propiedad del sindicato y en las que se cargaban gastos «carentes tanto de autorización, como de justificación». Entre otros, como publicó en exclusiva EL COMERCIO el pasado 12 de marzo, cargó a las cuentas del SOMA prácticamente todos sus gastos personales, como puros, libros, discos, perfumes, prendas de vestir o productos de belleza. La magistrada considera que a estas tarjetas fueron cargadas entre 2001 y 2012 compras personales por un importe total de 73.202,86 euros.

Simonet Quelle también aprecia indicios de delito en la adquisición de unos vehículos con cargo al sindicato para uso «en exclusiva» del exsecretario general del SOMA. Los pagos se efecturon desde una cuenta personal de Villa, a la que el sindicato le ingresaba una cantidad mensual para hacer frente a ellos. Los vehículos adquiridos fueron un Mitsubishi Montero, en 2001, valorado en 33.520 euros y otro similar en 2006, cuyo coste fue de 41.891, aunque parte del precio se abonó con el coche anterior (que se valoró en 14.000 euros). En las cuentas de Villa se ingresaron, en este último caso, 67 mensualidades de 777,78 euros. Es decir, 52.111,26 euros, «por lo que no solo se le abonó el vehículo, sino 24.220 euros adicionales», concluyó la jueza.

También Pedro Castillejo, secretario del Infide, «incorporó a su patrimonio» dinero de la fundación. En total considera que se apropió de 119.434 euros entre 2004 y 2013.

Por ello, la jueza considera que tanto Villa como Castillejo pudieron haber incurrido en un presunto delito continuado de apropiación indebida, cierra la instrucción y convierte el procedimiento en abreviado. La Fiscalía y la acusación tienen diez días de plazo para solicitar la apertura del juicio oral. Luis Llanes, del despacho de Ontier Abogados que representa al SOMA, que fue el que presentó la demanda, afirmó que cursarán la petición y prevé que en el juicio pueda celebrarse en el plazo de seis meses.