La Fiscalía denuncia en vía penal la gestión municipal del Matadero de Villablino

Según el decreto del Fiscal Jefe, Jacinto Fernández Villalvilla, fechado el 9 de febrero, tras las diligencias de investigación abiertas «se aprecia en la conducta llevada a cabo por el Ayuntamiento de Villablino una omisión en su deber de control de la gestión del matadero municipal, con absoluta falta de diligencia en su deber de vigilancia de los caudales públicos, apreciándose indicios de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El contrato de concesión del servicio de matadero fue firmado en 2005 por la entonces alcaldesa, Ana Luisa Durán. A pesar de que contemplaba un plan de inversiones a llevar a cabo por parte del concesionario como condición expresa para su mantenimiento sino también para su prórroga, aunque no consta que dicho plan fuera nunca materializado, el contrato se prorrogó hasta en dos ocasiones, en 2010 y 2015.

No fue hasta dicho 2015, a punto de que Ana Luisa Durán abandonara la alcaldía, cuando se inició el procedimiento de resolución del contrato, «si bien el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de tales incumplimientos con, cuanto menos, tres años de antelación, si bien algunos incumplimientos habrían sido sistemáticos desde el inicio de prestación de la concesión, remarca el decreto de la Fiscalía.

Entre estos incumplimientos destaca el impago de obligaciones de la Seguridad Social por parte del concesionario, derivadas por responsabilidad solidaria al Ayuntamiento de Villablino, y cuya cifra definitiva alcanza los 775.593 euros, según el informe del interventor municipal incorporado a la denuncia.

A ello, habría que sumar numerosas deudas del concesionario por impago de recibos de agua, basura, alcantarillado y depuradora de varios años, así como sanciones por delitos contra los derechos de los inmigrantes o infracciones en materia laboral, de lo cual el Ayuntamiento de Villablino tuvo conocimiento, al menos, desde 2012. El canon de alquiler de las instalaciones establecido en el contrato fue de 300 euros, a pesar de que las instalaciones eran completamente nuevas y se trataba de uno de los mataderos municipales mejor equipados de la comunidad autónoma.

Tribunal de Cuentas

El Consejo de Cuentas de Castilla y León acordó en pleno el 20 de julio del pasado año enviar la denuncia formulada por el concejal de Laciana Avanza al Tribunal de Cuentas, «al considerarse que existen indicios razonables de responsabilidad contable y penal por la falta de control sobre el contrato de la concesión y por la omisión de actuaciones para proteger los bienes públicos una vez conocidas circunstancias que los ponían en riesgo.

Además de la propia investigación sobre la responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, el Fiscal Jefe del mismo dio traslado del caso a la Fiscalía Provincial de León. Ahora, la Fiscalía de Área de Ponferrada interesa varias diligencias ante el Juzgado de Instrucción, entre ellas el expediente administrativo de la contratación y las actuaciones de control de su gestión, así como requerir al Ayuntamiento de Villablino «que identifique a las personas, funcionarios o cargos públicos, encargados de dicho control y gestión del matadero.

Desde junio de 2015, cuando Laciana Avanza obtuvo representación municipal en el Ayuntamiento de Villablino, ésta ha seguido el caso, que se arrastra desde el mandato anterior. Pese a las varias peticiones de asunción de responsabilidades políticas ante un daño económico de tal envergadura, hasta la fecha ni un solo cargo ni funcionario ha asumido la menor responsabilidad sobre lo sucedido.

La mayor parte de concejales del actual equipo de gobierno del PSOE conformaban el equipo anterior, así como el actual alcalde, Mario Rivas, que, aunque perteneciente a otro partido político, participaba en coalición en el equipo de gobierno de la ex alcaldesa Ana Luisa Durán como concejal de Ganadería, recuerdan en un comunicado.

Laciana Avanza hace hincapié no solo en que todos los lacianiegos pagan y van a pagar las consecuencias de una «gestión desastrosa, que alcanza cifras escandalosas, sino también en los daños más que importantes que han sufrido las instalaciones de un edificio construido y equipado con fondos públicos, subvencionado con 1,45 millones de euros del primer Plan del Carbón. A pesar de que recientemente se ha sacado a licitación su arrendamiento, dicen, existen evidencias sobre deterioro e incluso desaparición de parte de la maquinaria del mismo, valorada en más de 500.000 euros en el momento de su instalación.

Un vecino que daba un paseo matinal por Sotiello (Lena), cerca de las obras de la variante ferroviaria de Pajares, dio la primera voz de alarma. «De las balsas salía un montón de agua de color gris que iba directa al río; el caudal estaba muy sucio y allí nadie hacía nada para impedirlo», cuenta Miguel Iglesias.

Enseguida, la alerta se extendió entre la población del valle del Huerna, que lleva tiempo denunciando vertidos ilegales por parte de las empresa que ejecutan los trabajos de construcción del trazado para la alta velocidad.

«Llamamos a los agentes del Seprona -el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil- para que levantaran acta de lo ocurrido», afirmó Loli Martínez, presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes y azote de las constructoras por supuestas actuaciones contra el medioambiente cometidas durante la obra. «Se trata de una balsa de decantación de aguas procedentes de los trabajos, se usa para que los materiales se sedimenten y el agua pueda salir más o menos limpia, pero en esta ocasión ha ido con toda la porquería al cauce», recriminó.

El colectivo tiene previsto interponer una denuncia en el cuartel de la Benemérita y prepara la demanda ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

Martínez recordó que los vertidos no son nuevos en el cauce del Huerna. «Llevamos tiempo denunciando este tipo de situaciones, pero es que la de esta mañana -por la de ayer- ha sido muy grave. El agua estaba completamente gris; creemos que contaminada por cemento y el daño ambiental puede ser muy grave para el entorno», insistió.

Exxpediente de investigación

Las sospechas van más allá de un simple accidente o de la acción de las últimas lluvias en la zona. «Creemos que ha sido una actuación completamente premeditada», aseguraba la representante vecinal. «Había operarios con una cuba de agua, y han podido aprovechar que el cauce bajaba algo revuelto para vaciar la balsa», denunciaron.

El método utilizado podría haber sido, según este colectivo, echar agua a presión desde la mencionada cuba para sacar el sedimento de la balsa. «Al poco tiempo, cuando llegaron los agentes del Seprona, ya estaba todo limpio y los operarios dijeron que estaban limpiando un camión», se quejó Martínez.

«Lo que queremos es que se depuren las aguas antes de echarlas al río, que no paguen más multas y que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Lo que pedimos es que se detengan de una vez por todas los vertidos de residuos al Huerna».

Contaminación en San Blas

El colectivo vecinal investigará un segundo vertido al arroyo de San Blas, que conecta con el Huerna. Se trata de aguas procedentes de un antiguo vertedero que iba a dar servicios a las obras pero que quedó en desuso por el movimiento de tierras registrado en su día.

Desde la agrupación vecinal se apunta a que este vertido contaminante no supone un riesgo para el suministro doméstico. «El sistema de captación se encuentra e una cota más alta, por lo que el agua sucia no llega a los grifos». Sin embargo, creen que «el desastre ecológico puede ser irremediable».

Este vertido llega en un momento complicado para las empresas encargadas de la construcción del trazado de la variante. Sobre todo después de que la Coordinadora Ecologista desvelara la existencia de un elevado número de sanciones impuestas durante el desarrollo de los trabajos. Según dicha entidad, fueron 67 expedientes sancionadores entre 2007 y 2012.

La cuantía a pagar en multas llega casi al millón de euros. «Eso sin contar los expedientes sancionadores que puedan haber tenido en León y las multas de otras administraciones». Según estos datos, las empresas expedientadas son «las que forman la UTE de la variante, entre ellas destacan algunas como Sacyr, FCC, Acciona, Ferrovial y Constructora Hispánica». Los vecinos de Campomanes apuntan que en el listado no están todos los vertidos, «porque nosotros hemos presentado nuevas denuncias».