Los secretarios leoneses advierten: «Habrá municipios que no lleguen a tiempo a rendir cuentas al Consejo antes del límite»

La realidad de los secretarios-interventores suele pasar desapercibida entre el paisaje del mundo rural. Haciéndose cargo de un buen número de ayuntamientos y entidades menores, son pocos los 'privilegiados' que pueden ocuparse de un solo consistorio y, con ello, poder cerrar sus propias cuentas de forma correcta.

Pero sin duda, los avisos del Consejo de Cuentas son una de las gotas que ayuda a colmar un vaso que ya está medio lleno: «Hemos tenido problemas para rendir cuentas al Consejo debido al sistema informático de la Diputación, que estuvo un tiempo sin estar operativo, y después por el propio del Consejo, donde subir las cuentas en ocasiones da problemas», comenta el presidente del Colegio de Secretarios, Julio Javier Pedreira.

El día 31 se acerca irremediablemente y Pedreira no se esconde: «Habrá municipios que no lleguen a tiempo». Sin especificar si serán muchos o pocos, lo cierto es que donde reside gran parte del problema no es en los grandes ayuntamientos, sino en las entidades locales menores. Solo en Castilla y León se encuentran un total de 2.224, o lo que es lo mismo, el 60 por ciento del total nacional. En el caso de León son de especial relevancia, ya que 1.232 pueblan el mapa de la provincia con 245.000 leoneses, lo que supone que casi la mitad de los habitantes del viejo reino están incorporados allí. Según apuntó el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, hace exactamente un mes. «la importancia del papel de estas unidades administrativas es clave en la gestión participativa y claramente democrática».

Pero más allá de llegar o no a tiempo, el presidente colegial ve un problema de fondo: «Escribimos una carta al Consejo que no ha recibido respuesta. Nos encantaría que se hiciera una labor más pedagógica, que no solamente se publicite al que incumple, sino que se explica a la ciudadanía el qué y el cómo se rinde, más que entregarlo a tiempo». A renglón seguido no duda en defender que «los secretarios somos al final los señalados, cuando nos hemos convertido casi en interventores informáticos, sin tiempo a penas para la labor propia de un secretario, como es atender al ciudadano, entre otras cuestiones».

De hecho, Pereira ve en estas acciones, entre Hacienda y el Consejo, «cierta persecución a los pequeños, no se si por aburrimiento o porque somos entidades que funcionamos correctamente».

Sea como fuere, el 31 es la fecha límite. Una fecha que genera dolores de cabeza y tras la que vendrán ciertas liberaciones.