El exsecretario de Valderas acepta una pena de seis meses de prisión por un delito contra la administración pública en Santovenia

De esta forma, el acusado, que además ha sido condenado al pago de una multa de cuatro meses a razón de cinco euros diarios y la inhabilitación del desempeño del ejercicio público durante un año y seis meses, ha evitado la cárcel así como la celebración del juicio previsto para este miércoles en la Audiencia Provincial de León.

Conformidad que también habrían alcanzado acusación y defensa para evitar la celebración de la vista oral prevista para el 26 de octubre por un delito de falsedad de documentos públicos por funcionarios y malversación. Un acuerdo que por el momento se desconoce a la espera de que se comunique oficialmente a las partes.

El delito

García Arias perdió la condición de funcionarios de la administración local por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas después de que la Audiencia Provincial de León le condenase a tres años y cuatro meses de prisión por un delito de falsificación de documento oficial y de malversación de caudales públicos durante su actividad en el Ayuntamiento de Valderas.

En el marco de un procedimiento judicial del 2009, el Juzgado de Instrucción nº2 de León remitió al alcalde dicha localidad, Francisco González Fernández, dos oficios en los que se ordenaba la retención y puesta a disposición del Juzgado de la parte proporcional del sueldo y complementos de García Arias para atender a las responsabilidades pecuniarias que ascendían a 80.000 euros.

Sin embargo, el acusado sustrajo y ocultó ambos documentos, no dándoles registro de entrada a pesar de que, según remarca la Fiscalía, el acusado tenía encomendada la custodia de dichos documentos por razón del cargo que desempeñaba en el Ayuntamiento, estando obligado a dar curso oficial a los mismos.

Como consecuencia, el acusado impidió y dilató el cumplimiento de la retención ordenada judicialmente, hasta que el alcalde tuvo conocimiento en julio del 2010, cuando compareció en el Juzgado de Instrucción nº2 de León. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de dos años de prisión mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, elevaba la petición hasta los tres años y cinco de inhabilitación.