UPA-COAG reclaman el reembolso de los 30 millones de euros «debidos por la Junta» a los remolacheros

Con la resolución del tribunal, que emitió su dictamen el pasado 21 de julio, se abren las puertas para que los más de 5.300 remolacheros puedan acogerse a las ayudas de un acuerdo que abarcaba desde la campaña 2008-2009 hasta la 2013-2014. Sin embargo, desde la Alianza apuntaron que, por el momento, solo está garantizado el cobro del primer ejercicio que se dejó de cobrar (2011-2012), ya que la ayuda estuvo vigente en ese periodo, a diferencia de lo que sucedió en los dos posteriores. Estamos dilucidando qué va a ocurrir en esas dos campañas, subrayó el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González.

Otros obstáculos que deberá superar UPA-COAG son los recursos que interpondrá la Consejería de Agricultura si lo estima oportuno, ya que la sentencia no es firme. Ante esta circunstancia, opinaron que el departamento dirigido por Milagros Marcos debe pagar de forma ágil y rápida porque el fallo del Contencioso-Administrativo le obliga moralmente a reembolsar lo que no dio a los remolacheros. Aunque la Consejería puede enredar todo lo que quiera, González sostuvo que quieren ver buena voluntad y que el derecho de los agricultores es cobrar las ayudas que se les prometieron.

Como consecuencia de la anulación del Acuerdo de Reestructuración, el sector remolachero perdió más de 800 agricultores en la campaña 2013-2014 con respecto a la anterior, momento en el que también se apreció un descenso de 5.000 hectáreas de cultivo, según Pérez. Asimismo, la anulación de las ayudas en 2012 coincidió con el momento en el que la industria obtuvo los mayores beneficios económicos, añadió. Por ello, consideró inaceptable que los tribunales no dieran la razón a UPA-COAG en aquellos tiempos.

Vigilar a los topillos

Respecto a la reciente alerta por una posible proliferación de topillos en algunos puntos de la Comunidad, la alianza UPA-COAG apeló a la cautela y a la vigilancia de la evolución de la incipiente plaga. Pérez insistió en que no debe existir, por el momento, una alarma generalizada. En este sentido, el coordinador de COAG destacó la importancia del existente acuerdo para la quema de rastrojos, si bien aún faltan por concretar las fechas para la temporada que comenzará en octubre.

Por su parte, Aurelio González reconoció su preocupación por las normas restrictivas, que pueden echar para atrás a algunos agricultores a la hora de realizar la quema. El responsable de UPA también remarcó la necesidad de que las leyes no contemplen solo las parcelas, sino que también exista una solicitud para que los ayuntamientos de la Comunidad permitan eliminar las plagas de las cunetas (en las que se concentran especies vegetales como el bromo), en lugar de tener que realizar peticiones particulares, demandó González.