Virginia Barcones denuncia la «falta de consenso» en torno al pan de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Junta

«Estamos muy inquietos porque es verdad que la situación en Castilla y León es complicada, pero en Salamanca lo es especialmente. Es el problema de que lleve gobernando 35 años el irresponsable Partido Popular, sin ofrecer una adecuada ordenación del territorio, ni garantizar la igualdad de oportunidades entre lo urbano y lo rural», manifestó la vicesecretaria general del PSOECyL. Barcones recordó que «no puede haber diferencias» cuando se trata se servicios públicos esenciales, como el que ocupó su comparecencia. «La Junta sigue contra todo y contra todos. Es incapaz de tejer ningún acuerdo ni alianza con los territorios», consideró.

Además, la viceportavoz socialista en las Cortes aseguró que este plan «debería de llevar 14 años en vigor», ya que fue en 2007 cuando la normativa autonómica requirió su puesta en marcha. «Como siempre, el PP haciendo dejación de funciones no lo ha puesto encima de la mesa». En este sentido, explicó que en 2018 se constituyó la mesa sectorial con todos los agentes implicados para llegar a un acuerdo sobre el plan y se pusieron a trabajar en su elaboración. «Después de dos años de trabajo se han enterado esta aprobación por el Bocyl», con lo que, para Barcones, «la Junta les ha faltado al respeto de manera muy preocupante».

Según explicó, la propuesta además carece de financiación. En este punto especificó, que el objeto del plan sectorial es competencia, al 50 por ciento, entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, por un lado, y la Junta de Castilla y León, por el otro. El plan, según denunciaron los socialistas, deja el servicio en manos de los ayuntamientos y la Junta y la Diputación «se lavan las manos». «El PP de lo que sabe mucho es de ordenar sillones, porque ordenar el territorio no lo han hecho en 35 años, ni tienen idea», incidió.

De hecho, Barcones hizo una progresión según la cual, siguiendo los puntos del plan sectorial, harían falta «85 años» para ponerlo en marcha por completo, «al ritmo de financiación de la Junta». «Van a dejar esto como un solar si siguen gobernando. Han sido incapaces de garantizar la igualdad de oportunidades y siguen considerando a las 900.000 habitantes del medio rural, ciudadanos de segunda», acusó. «Si se quema nuestra casa tienen que venir a apagarla, vivamos en una ciudad o en un pueblo. Los servicios públicos esenciales se tienen que prestar por gestión directa, no como ahora establecen una red de subvenciones por todo el territorio», matizó.

Virginia Barcones insistió en que el personal voluntario tiene que ser complementario, y «en ningún caso» puede ser sustitutivo. «Agradecemos su labor y animamos a la población a participar en esa labor comunitaria», aclaró, pero reveló asimismo que en Castilla y León hay dos sentencias que se manifiestan en este sentido. «La Junta no oye ni a los tribunales ni al Consejo Consultivo, que les dijo que este plan no era operativo. Les ha avisado todo el mundo, pero no escuchan a nadie», lamentó.

Finalmente, la viceportavoz del PSOE en las Cortes recordó que su formación presentó una proposición de ley que «el PP no quiso ni que se debatiera». «Contenía algo fundamental, que es el acuerdo y el consenso de los ayuntamientos, de los colectivos profesionales y los sindicatos. Una vez más, pedimos a la Junta que abandone esta espiral, se siente a negociar y retire esta plan sectorial», concluyó.

Durante la reunión también estuvieron presentes el coordinador del área de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, la procuradora socialista por Salamanca, Carmen García y el concejal del Ayuntamiento de Salamanca, José María Collados, así como otros representantes municipales y de los sindicatos

Vázquez, durante su intervención posterior, elevó ligeramente el tono de la comparecencia y tildó de «ilegal» el plan sectorial, ya que «prevé la prestación de un servicio esencial público, que tiene que ejercerse por agentes de la autoridad y funcionarios públicos, por subcontratas irregulares con empresas privadas de la Diputación», manifestó. Por último, Vázquez no descartó que los sindicatos planteen una demanda contra la Junta y les mostró el apoyo en este sentido del Partido Socialista.