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Segovia
Sábado, 26 de octubre 2019, 13:40
La concejala de Urbanismo, Clara Martín, ya comentó el viernes durante el punto del orden del día que debatía la reanudación del expediente de venta forzosa del edificio del antiguo hotel Victoria que era probable un nuevo recurso por parte de los propietarios que retrasase ... el proceso. «Se pueden producir paralizaciones que van más allá de nuestras competencias», advirtió Martín. Su pronóstico se va a cumplir a tenor de lo manifestado por uno de los propietarios del inmueble, quien asegura que «al 90%» recurrirán el expediente del Ayuntamiento. Así, el plazo de un año y cuatro meses que la administración municipal se había marcado para vender el edificio se tendrá que ampliar hasta que haya decisión judicial.
La propiedad del edificio defiende que, al contrario de lo que ha manifestado el equipo de gobierno durante los últimos años, sí se han realizado «todas las obras de seguridad y ornato» que se les requirieron en su momento, entre las que se incluye la consolidación del cuerpo que da a la Plaza Mayor y la protección de los muros y restos arqueológicos del cuerpo interior del edificio. La alcaldesa, Clara Luquero, indica que «no se han realizado todas».
Sostienen también los dueños del antiguo hotel que el expediente de venta forzosa iniciado por el Ayuntamiento «no se refiere a la obligación de mantener el edificio en condiciones de seguridad y ornato, puesto que han sido atendidas, sino que por parte del Ayuntamiento se considera que se debe llevar adelante la edificación con la consiguiente inversión de varios millones de euros».
Por otro lado, manifiestan su intención de vender el edificio, sobre todo a personas o empresas «que promuevan su rehabilitación». Sin embargo, apuntan que los intentos realizados –los últimos este mismo verano– «han tropezado con que el Ayuntamiento reflejó en el Registro de la Propiedad el expediente, aludiendo de forma genérica a incumplimientos urbanísticos que han provocado la lógica incertidumbre de posibles compradores».
También critican que el Ayuntamiento, si no se alcanza en la subasta el precio inicialmente fijado (unos 1,2 millones) pueda proceder a su adjudicación directa por un precio inferior a la mitad de su valor catastral (1,56 millones de euros).
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