Cada vehículo de alquiler con conductor en activo de Castilla y León compite con 20 taxis

Por ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se puso este otoño manos a la obra y prevé que a partir de 2018 estos vehículos de alquiler con conductor lleven una pegatina en el cristal delantero y trasero para que puedan ser identificados como un turismo autorizado, perteneciente a la Comunidad. Con ello, se persigue frenar la competencia desleal con el taxi y que operen más del 20% fuera de la autonomía.

Actualmente, 60 empresas suman en Castilla y León 355 autorizaciones, mientras que el número de taxis es de 2.312. A las 75 que existían hasta 2015, se sumaron 265 por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el criterio que permitía solo conceder un permiso por cada 30 licencias, al aplicar la Ley Ómnibus de 2009, que modificó diversas normativas, entre ellas, el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.

Posteriormente, el Ministerio de Fomento tomó cartas en el asunto y dictó un Real Decreto que restableció la proporción de una autorización por cada 30 licencias, por lo que desde el 23 de noviembre de 2015 no se otorgan nuevos permisos en la Comunidad, al rebasar los VTC este requisito. Por ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha denegado en este periodo 69 solicitudes, una tendencia que podría modificar el recurso de la CNMC.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) de esta semana dio un varapalo a los VTC. El fallo dio la razón a la demanda de los taxistas de Barcelona y consideró que la actividad de Uber, que junto a Cabify no operan en Castilla y León, debe considerarse como una empresa de transporte, de forma que los estados miembros le pueden exigir una licencia.

La provincia de Soria figura todavía fuera del mapa de las VTC, puesto que la Junta de Castilla y León no detecta todavía ninguna autorización. En el lado opuesto se sitúa Segovia con 88 VTC de siete empresas; León, con 81, de 13 empresas, y Valladolid, con 77, de diez firmas. A cierta distancia se encuentran Burgos con 51 de 16 empresas; Palencia con 27 de cuatro firmas; Salamanca, con 18 de cuatro empresas; Ávila, con 12 de cinco y Zamora, con una.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente puso en marcha entre septiembre y noviembre un plan de inspecciones que reveló que la proporción real de VTC y taxis es inferior de lo que indicaban las cifras de autorizaciones. En total, 60 empresas disponen de 355 permisos para operar en Castilla y León, si bien realmente realizan actividad de transporte 23, con un total de 117 autorizaciones, lo que indica que por cada taxi, un total de 2.312, operan en la Comunidad unos 20 VTC.

Además, de los 75 permisos concedidos hasta la sentencia del Supremo, que abrió la puerta a los VTC, se sumaron en realidad 42 autorizaciones reales, es decir, hasta un total de 117 con actividad. El grueso de los servicios están en manos de ocho empresas, dos de Burgos, con once VTC; una de León, con uno; otra de Salamanca, con diez; tres de Segovia, con 62; y una de Valladolid, con cinco.

En total, realizaron 5.617 servicios, de los que 3.466 corresponde a la firma de Segovia -DMG VIP Limousines-. El resto de empresas realizan un número de servicios comprendidos entre los cinco y los 88, mientras 32, que suman 231 autorizaciones, no tiene actividad en Castilla y León. Además, 16 empresas, con 107 permisos VTC, son sucursales de centros de otras comunidades.

También Fomento levantó 18 actas de inspección, siete por incumplir las condiciones de autorización; nueve, por no atender las demandas de las revisiones y dos por realizar los servicios en lugar distinto a donde pertenece el permiso. En rutas se llevaron a cabo 37 inspecciones, que se saldaron con cuatro denuncias en Valladolid.