El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, presumió de haber logrado «extinguir» programas de «gasto político ineficaz», con la reducción del fondo de participación institucional, «históricamente abusivo» en la comunidad, pero también las partidas dirigidas a la salud laboral que recibían, a su juicio, «los sindicatos de extrema izquierda».
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«El diálogo social debe ser plural y democrático, en el que los consensos se impongan a los vetos de la unanimidad», afirmó durante su comparecencia en las Cortes para hacer balance de la gestión de su departamento en esta primera mitad de la legislatura. En su opinión, todas las organizaciones sindicales y empresariales deben estar dotadas de plena libertad, independencia y autonomía, de acuerdo a la doctrina, dijo, del Tribunal Supremo.
En ese sentido, el consejero defendió los Servicios de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) que se ofrecen en todas las provincias y consideró que «nadie en su sano juicio» financiaría el Serla, al que se refirió como algo «privado», con un coste para los ciudadanos de casi un millón de euros. Además, apuntó que «nada impide» a los sindicatos encontrar vías de financiación.
«El sobrecoste que ocasiona y los resultados que se obtienen no justifican la aportación de más recursos», dijo al tiempo que se remitió al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que señaló ha provocado que los dos requerimientos de la vicepresidenta Yolanda Díaz duerman «el sueño de los justos en los cajones del Ministerio de Trabajo».
Igualmente, Veganzones sostuvo que habían dado un giro estructural a las políticas de prevención de riesgos laborales frente a las políticas «ineficaces y equivocadas» anteriores. De esta forma, señaló que dedicaron los millones «de gasto político ineficaz» de los agentes sociales y económicos, el Serla y las visitas, han servido para iniciar nuevos programas para las empresas; para invertir en la salud laboral de los trabajadores; para eliminar los riesgos en los puestos de trabajo y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
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Además, el consejero que el Gobierno no incentiva a las empresas para mejorar su seguridad, sino que a su juicio «las ahoga con subidas de impuestos y trabas» y «las quema con más costes laborales». «España ya es el segundo país de la UE más caro para crear el empleo», dijo y como consecuencia de ello, aseguró que a las pymes les resulta imposible invertir en esta materia.
En la ayudas a trabajadores afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), Veganzones aseguró que se ha pasado de «dar propinas» al primero que llega, mientras se gastaban millones en financiar a las organizaciones sindicales, a tener una herramienta estratégica para el futuro de las empresas de la Comunidad.
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El consejero de Industria anunció que se iniciará un programa contra el absentismo laboral, que contará con un crédito inicial de 500.000 euros y que se implementará por fases. En este momento, precisó que se están redactando sus bases que combinan medidas para reducir las faltas al trabajo, con otras sobre el estímulo a la contratación, durante las bajas de larga duración. Además, afirmó que este año las políticas en materia de relaciones laborales incorporan como «gran novedad» el programa para mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción del absentismo laboral.
En concreto, el consejero explicó que es una forma de actuar de forma «preventiva y anticipada», porque argumentó que las empresas indican el absentismo como uno de los problemas «fundamentales» y buscan soluciones ya que en Castilla y León, dijo, ha crecido desde 2017 en más de dos puntos. De hecho, apuntó que en 2023 la media nacional fue de 7,2 por ciento, mientras que en la Comunidad fue dos décimas superior.
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De esta forma, el titular de Industria defendió sus iniciativas, frente a las medidas del Ministerio de Sanidad, con las «autobajas» o «la absurda propuesta de asociarse a un sindicato o a asociaciones feministas para tratar los problemas de ansiedad, depresión y estrés derivados del trabajo. «Estas ideas son un insulto a los trabajadores y a sus familias», apostilló.
Respecto a los autónomos, destacó que la Consejería ha destinado más de 30 millones al fomento del autoempleo de Castilla y León, beneficiando a casi 7.000 trabajadores autónomos, gracias a un incremento presupuestario superior al 46 por ciento, y a una estrategia política que a su juicio identifica los problemas y actúa sobre ellos. En 2024, recordó, los afiliados a ultimo día del mes de mayo ascendían a 185.244, tras una recuperación de 1.050 autónomos desde el inicio del año, por lo que remarcó que se atisba un punto de inflexión en la reducción interanual relativa de la afiliación.
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Por otra parte, el consejero destacó que han destinado a los programas de la economía social de Castilla y León más de 82 millones de euros, beneficiando a más de 600 empresas y a más de 8.000 trabajadores. Además, aseguró que seguirá siendo una de las «grandes prioridades», con un incremento presupuestario superior al 49 por ciento, gracias a la implantación de una estrategia política compartida por todas las familias de la economía social, quienes señaló «por fin sienten que su administración realmente los escucha y los protege de la extrema izquierda».
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