Valladolid rompe la unanimidad y rechaza el nuevo consejo de Cámaras de Comercio

Los grupos parlamentarios de las Cortes tienen hasta mediados de septiembre para plantear sus enmiendas a la nueva Ley que promueve la Consejería de Economía y Hacienda. Esta consiste, básicamente, en la adaptación de las cámaras «a la realidad empresarial actual» de Castilla y León, en el contexto legal marcado desde 2014 por la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, con el objetivo de que «estas corporaciones sean más ágiles y dinámicas».

El proyecto de Ley, al que se dio luz verde en el Consejo de Gobierno del pasado 21 de junio después de más de un año de trabajo entre la Consejería y el comisionado nombrado por consenso de todas las Cámaras de la comunidad, Antonio Miguel Méndez Pozo, se estructura en ocho capítulos y cincuenta artículos, una disposición adicional, dos transitorias, dos derogatorias y tres finales. Con esta norma, se establece que estas corporaciones -las provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid, y las locales de Arévalo, Astorga, Béjar, Briviesca y Miranda de Ebro- podrán obtener ingresos de distintas fuentes de financiación y, de manera específica, resalta el comisionado, «por primera vez en la historia de las Cámaras y de las comunidades autónomas», se fija en una norma que contarán con los recursos que les destine la Junta para poder llevar a cabo sus funciones públicas y administrativas «en el marco de la política general definida por la Consejería y conforme a sus posibilidades presupuestarias».

Los fondos se canalizarán a través del futuro Consejo, que determinará los criterios para la administración y la distribución de los fondos que reciba de la Administración regional entre las corporaciones.

Una de las cuestiones que más discrepancias ha suscitado dentro de la corporación de Valladolid a propósito de las funciones atribuidas al nuevo Consejo es que será responsable de la gestión, administración y representación de cualquier Cámara en el supuesto de suspensión de sus órganos de gobierno en el caso de extinciones o liquidaciones, así como la integración de una entidad en otra de ámbito territorial superior, con el fin de garantizar la prestación de servicios en la zona geográfica de influencia de la cámara afectada.

Se contemplan procedimientos de fusión o integración de las Cámaras, la suspensión y disolución de sus órganos de gobierno «y la posible liquidación de estas entidades por causas como transgresiones graves del ordenamiento jurídico, la imposibilidad de constitución de los órganos de gobierno o situaciones de invariabilidad económica».

«El legislador no tiene ánimo de liquidar las Cámaras, sino ayudar a que sean realistas y que gestionen razonablemente», puntualiza la directora general de Comercio y Consumo, Irene Núñez. En concreto, el artículo 11 del proyecto de Ley establece que, cuando una Cámara obtenga resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos, deberá ponerlo en conocimiento de la Junta en el plazo de un mes y esa comunicación tendrá que ir acompañada de un plan de viabilidad auditado y aprobado por el pleno y de un informe del Consejo regional. «Cuando concurran circunstancias objetivas que hagan manifiestamente imposible solucionar la situación de inviabilidad económica, la Junta podrá suspender y disolver los órganos de gobierno», recoge el articulado.

El presidente de la Cámara vallisoletana, Víctor Caramanzana, critica que el proyecto de Ley «se olvida de las Cámaras» y solo regula su Consejo Regional «y para eso no hace falta una ley». Entiende además que es anticonstitucional que el nuevo órgano tenga «facultades superiores» a las propias cámaras, «como la de asumir de manera permanente las funciones de una Cámara extinguida». Para Caramanzana, se corre el riesgo de que el organismo autonómico acabe con la independencia y la propia existencia de las cámaras provinciales y, en principio, «promueve duplicidades». Tampoco asegura «un mínimo de financiación pública», insiste el presidente vallisoletano.

Considera que las competencias que se le dan al Consejo son exageradas «y solo interesa controlar las cámaras a través de la burocracia». Tampoco está de acuerdo con la «exagerada representación de las grandes empresas en el pleno de dicho Consejo «nueve vocales frente a catorce de las Cámaras y cuatro de las asociaciones empresariales, ¿dónde están las Pymes?», se interroga. «Este proyecto no añade nada nuevo a la Ley Básica, salvo el Consejo, que podía haber regulado por decreto, como el anterior», concluye.

La directora Irene Núñez defiende el proyecto de Ley porque «desde su primera andadura ha contado con apoyo casi unánime», en referencia al acuerdo de trece de las catorce Cámaras, a excepción de Valladolid. Descarta que la nueva norma sea una herramienta para intensificar el control sobre estos organismos camerales porque «son los presupuestos de la Ley Básica, solo que aquí los aclaramos y redundamos, pero se trata de coordinación, no de control; son ellas, las Cámaras, las que tienen que autocontrolarse».

Niega también que vayan a producirse duplicidades porque «se trata de tener un único interlocutor, no catorce, lo que no quita para que existan acuerdos bilaterales sobre proyectos concretos». Con el nuevo Consejo se deroga al actual, regulado por un decreto de 1995 «que había que actualizar». Respecto del presupuesto para las Cámaras, para Méndez Pozo «ha sido un logro fijar en el documento una financiación estable», mientas que la directora general del departamento de Comercio abunda en que no se contempla una cantidad concreta «porque ella dependerá de los presupuestos y del objetivo de déficit, pero el compromiso está».

Ninguna de las Cámaras «está boyante» financieramente hablando, pero la mayoría, con los ajustes de los últimos años, nuevos proyectos y el respaldo de todas, están aguantando, reconoce el presidente de la de Soria, Alberto Santamaría.

Pero no son las pequeñas, coinciden en señalar fuentes empresariales y próximas a la Administración autonómica, las que más problemas económicos tienen. Aluden al endeudamiento de la Cámara de Valladolid, «que puede estar detrás de este rechazo al proyecto de ley, por ese tope de dos años para presentar resultados negativos y el plan de viabilidad al que obliga». Otra interpretación se sustenta en el temor del órgano vallisoletano a perder protagonismo por la preeminencia de un órgano regional.

Para Fernando Escobillas, el presidente de la Cámara de Miranda (Burgos), el proyecto de Ley «es bueno, está bien estudiado» y critica la posición de Valladolid, de la que señala que «es grande en deudas pero en porcentaje es más pequeña que la de Briviesca. Que ayude y que no ponga palos en las ruedas».