La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal-Tiscyl) ha denunciado el «nefasto» funcionamiento de acreditación de la formación continuada de las profesiones sanitarias de Castilla y León. En un comunicado de prensa recogido por Ical, asegura que ante la escasa oferta que la Consejería de Sanidad ofrece a los sanitarios del área de la Salud Pública, veterinarios y farmacéuticos fundamentalmente, Uscal-Tiscyl está intentado colaborar en la formación continuada de estos profesionales, aunque esta labor que «se está viendo entorpecida por el nefasto funcionamiento de la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias, que está retrasando la tramitación y acreditación de las acciones formativas, suponemos que por falta de medios materiales y humanos».
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El sindicato recuerda que es obligación de la Directora General de Salud Pública resolver las solicitudes de acreditación de actividades formativas en el plazo máximo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud. Sin embargo, apunta que retraso en estas resoluciones es superior a los nueve meses, produciendo un grave perjuicio a todos los profesionales sanitarios que «están formándose permanentemente para ejercer su trabajo con la mayor diligencia y que, por la ineptitud de esta Dirección General, no pueden disponer de la acreditación de la misma, que necesitan obligatoriamente para el desarrollo de su carrera profesional.
Ante la «falta de respuesta» de la Dirección General de Salud Pública para llevar a cabo sus funciones, Uscal-Tiscyl se ha dirigido al consejero de Sanidad para que se resuelvan a la mayor brevedad las solicitudes de acreditación de las acciones formativas presentadas y se dote a la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León de los recursos materiales y humanos precisos para que los expedientes de acreditación de todas las acciones formativas que lleguen a la misma, se puedan resolver con la diligencia que requiere la formación sanitaria continuada.
Por último, se advierte que no se descartan acciones sindicales y jurídicas para que la formación de los sanitarios no se vea lastrada y entorpecida por una «administración negligente que incumple su obligación de actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario».
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