UGT urge la aplicación de la categoría de bombero forestal en Castilla y León, mejor formación y un operativo frente a incendios «100% público»

Así lo establecieron el secretario general de FeSP-UGTCyL, Tomás Pérez Urueña, el secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica de FeSP-UGTCyL, Carlos Arenas, y Juan Antonio Azpeleta, trabajador fijo-discontinuo como conductor de autobomba. Pérez Ureña resumió que con la pandemia del COVID-19 «mucha gente de ciudad ha descubierto los bosques», que son una «oportunidad», «pero a la Junta le importa tres pepinos los paraísos naturales de Castilla y León». «Cuiden lo que tienen para dar estabilidad en el empleo, luchar contra la despoblación, que predican, y fijar población. La riqueza es inmensa y los bosques se cuidan 365 días al año», sentenció.

En este sentido, afeó a la Junta que la Comunidad sea «la última en aceptar la ley de Bombero Forestal, reconocida en otras autonomías». «Si el consejero es la administración, que cuide por lo que administra. Cuídenla porque la están dejando al libre albedrío de la propia naturaleza», incidió, para lamentar que todos los años «haya que repetir las mismas reclamaciones, como el día de la marmota». «Más que mejorar, empeora la situación», apeló.

Por ello, continuó que la Junta considera que «con hacer una campaña los meses de verano y presentar sus helicópteros, ya está, cuando hay que cuidarlo todos los días, ya que tan importantes son los cuidados en invierno que en verano». En este punto, denunció que la Consejería «trae cuadrillas del Este, a las que paga poco y mal y que no fijan población». «Es una pena que pasan los años y la Junta no aprende. Considera ayudar a las empresas privadas y desprecia a los empleados públicos», deslizó.

Por su parte, Juan Antonio Azpeleta endureció su mensaje al hablar de la categoría de bombero forestal, una reivindicación de 11 años, recogida en el Catálogo Nacional de Ocupaciones. «Es una auténtica vergüenza. Todo el personal que trabaja en extinción de incendios forestales tendría que tener esa categoría. Somos los últimos o falta muy poco por el inmovilismo e inacción. No comprendemos que, año tras año sea lo mismo, se queman más hectáreas por no hacer prevención. Les da exactamente igual», criticó.

También dirigió otra de las críticas a la formación y consideró que debería ser «continua», principalmente teniendo el Centro de Defensa contra el Fuego, ubicado en León, y la Eclap. Además, afeó que «el entrenamiento de los trabajadores es inexistente, tienen que venir entrenados de casa», mientras que el equipamiento, aunque existe, «no es el mejor». En este punto, demandó al menos una botella de oxígeno por cada camión, porque los incendios «son muy virulentos». También trasladó que hay bases en la Comunidad sin corriente eléctrica, ni agua ni duchas y que, incluso, a algún compañero «se le ha enviado a hacer guardas a tenadas de ganado en Palencia, donde había garrapatas por doquier».

Además, en materia laboral también invitó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a reducir la alta tasa de interinidad, cercana al 70 por ciento. Y recordó que la última oposición se celebró en 2007 y «desde entonces no se ha hecho nada», con lo que algunos interinos «llevan hasta 21 años en su puesto y nadie habla de consolidar esas plazas».

Para ello, apeló a la «valía» de los empleados, «algo que ya se ha demostrado». En todo caso, reprochó que los operarios de la Junta «solo hacen extinción, no prevención, cuando se podría hacer para alargar los contratos a todo el año, fijaría población y mantendría los bosques limpios». «Se está externalizando todo en una Comunidad que es la primera en superficie forestal», coincidió Azpeleta con sus compañeros.

También se refirió al incendio registrado la semana pasada en la Sierra de Francia, en Salamanca, donde la «actitud» de la Consejería fue «mejorable», principalmente con los escuchas de incendios, que junto con agentes medioambientales y celadores «son los ojos del fuego». «Si no están los escuchas, cuando alguien se quiere dar cuenta de que hay un incendio ya tenemos un fuego considerable», denunció Azpeleta para pedir que este colectivo trabaje todo el año, «que estén ahí ya cuando hay olas de calor».

Por último, Carlos Arenas denunció que el 10 de junio la Junta decretó el estado medio de alerta de incendios en la comunidad, un día después del fuego de Salamanca, y pidió que estos niveles de riesgo se determinen de forma variable, en función de las condiciones meteorológicas y climáticas, y de manera «fija» entre junio y el 30 de septiembre. El 1 de julio se declarará el riesgo alto.

«Este año se sabía que venía una ola de calor extremo. En el incendio de la Sierra de Francia los únicos que no lo esperaban eran de la Junta», afeó Arenas, quien sostuvo que al estar en ese momento en riesgo bajo, «no había sistemas de escuchas de alerta, menos material, menos plantilla… y entonces se producen los incendios, cuya culpa es de los causantes, pero también de quienes no lo gestionan bien». Por ello, reclamó la declaración desde ya mismo del estado de alerta máxima y no esperar otras casi tres semanas.