UGT exige un complemento para mejorar la condiciones en la Atención a la Discapacidad

El secretario autonómico de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez Urueña, señaló que esta situación afecta a unos 6.500 trabajadores repartidos en 789 centros, cuyo complemento mensual podría discurrir entre 75 y 150 euros, con el fin de paliar la diferencia salarial con aquellos inmersos en centros públicos, con salarios de hasta 1.400 euros frente a los 1.200 de los privados, añadió.

«No queremos que intervenga en ningún convenio, sino que aporte directamente un complemento retributivo y autonómico, que se preocupe por los trabajadores, que les valore y les dignifique, porque la competencia es plena de la Junta», aseguró.

Desde el sindicato recordaron que la mayor parte de las empresas del sector pertenecen a asociaciones sin ánimo de lucro, cuya financiación principal se realiza mediante las subvenciones públicas y la concertación de plazas a través de la Consejería de Familia. Además, también se encuadran en este sector los Centros Especiales de Empleo, con plantillas integradas mayoritariamente por personas con discapacidad y una relación laboral de carácter especial.

Este colectivo se encuentra regulado por el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad, de ámbito estatal, y establece la posibilidad de negociar acuerdos sobre diferentes materias en cada una de las comunidades autónomas, puesto que la mayor parte de las competencias en materia de servicios sociales se encuentran transferidas.

A ese respecto, Pérez Urueña apuntó la existencia de otras comunidades que sí han llegado a acuerdos autonómicos o están en negociación, tales como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha o Asturias, en los que se recogen mejoras sustanciales de las condiciones laborales respecto al convenio colectivo estatal.

Reunión consejera

Además, desde UGT señalaron a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ante su «falta de respuesta» a las reiteradas peticiones realizadas desde el sindicato en los dos últimos años para reunirse con ella tras diversas cartas. Y es que, dejaron claro que Blanco es la «responsable de las precarias condiciones que tienen los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad en Castilla y León».

Por ello, exigieron a la consejera el inicio de unas negociaciones que, sin duda, «serán beneficiosas no solo para las personas trabajadoras del sector, sino también para las beneficiarias de los servicios, consiguiendo un servicio de más calidad».

Además, los representantes sindicales advirtieron a Isabel Blanco que el sindicato seguirá ejerciendo cuantas acciones de presión considere adecuadas y necesarias para mejorar las condiciones sociolaborales de este colectivo.