El TSJCyL da la razón a la Junta sobre la financiación del Serla

El Serla es un sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, creado a través de la suscripción de los oportunos acuerdos profesionales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad, UGT, CCOO Castilla y León y CEOE.

Este sistema, constituido tanto por los agentes sociales firmantes de los acuerdos interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la comunidad, en la medida en que es la Administración autonómica la única entidad que financia su actividad.

Mediante la Orden de 13 de abril de 2023, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, se concedió a la Fundación del Serla una subvención de 400.000 euros, sujeta a determinadas condiciones y requisitos. CCOO y UGT interpusieron una demanda, solicitando la anulación de esta Orden, por entender que la aportación dineraria concedida era insuficiente.

Dicha demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, es decir, ante los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo. Los sindicatos demandantes, por tanto, entendían que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical. En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, manteniendo en la vista celebrada los mismos argumentos que los sindicatos demandantes.

Tal y como habían solicitado los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de 3 de noviembre de 2023, declaró la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Para alcanzar esta conclusión, la Sala de lo Social de Valladolid considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del Serla «no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria».

Los sindicatos UGT y CCOO aclararon que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en la financiación de la actividad de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), no entra en el fondo de la demanda y remite el caso al orden contencioso-administrativo.

Las organizaciones sindicales inciden en que el TSJCyL sólo declara la incompetencia de la Jurisdicción Social sobre su demanda por la rebaja de fondos para el servicio. La Sala considera que la naturaleza jurídica del Serla es competencia del orden contencioso-administrativo.

Así, remarcan que esta sentencia, que «remite al contencioso-administrativo para dirimir las extravagancias del consejero de Empleo, Mariano Veganzones», significa que «tendremos que seguir esperando durante al menos dos años, una sentencia que determine si la Junta de Castilla y León actuó de manera ilegal en relación al Serla».

De esta manera, lamentaron que «continúa la incertidumbre en lo referente a la resolución de conflictos laborales». Además, «supone un grave perjuicio para las personas trabajadoras y las empresas de nuestra Comunidad», señalaron los representantes de CCOO y UGT en Castilla y León.

Al mismo tiempo, recordaron que su demanda estaba dirigida a la impugnación de actos administrativos en materia laboral contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y contra la Orden de la Consejería Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023 por la que se concedió 400.000 euros a la Fundación Serla para la financiación de la actividad en el ejercicio de 2023. Una cuantía que «redujo un 60 por ciento lo aportado por el Gobierno autonómico el pasado año».

La propuesta, aprobada el 13 de abril, establecía, además, que a partir del 1 de julio quedarían excluidos de la subvención tanto el contrato del director del Serla como los gastos de arrendamiento de sedes, que pasarían a estar en edificios de la Administración.

Además, el Servicio de Relaciones Laborales intervendría únicamente en los conflictos colectivos, quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa, que hasta entonces sólo operaban en Valladolid, y limitando la intervención a un mediador o un árbitro.

Los sindicatos defendieron que «el Serla es un servicio público por lo que la consejería no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en dicha propuesta».