El TSJCyL demanda la creación de plazas judiciales en la comunidad

De esta forma, durante el pasado año, se registraron 296.927 asuntos, 7.130 más que el año anterior. Destacó además que este ascenso se da especialmente en el orden civil, con un 5,2 por ciento más de asuntos ingresados, y en Penal con un 1,8 por ciento más. Asimismo, el número de asuntos en trámite en los tribunales de la comunidad aumenta «ligeramente» en relación a los del año anterior, y finaliza 2023 con 159.828.

Por otro lado, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 264.516 asuntos en 2023, 13.671 menos que el año anterior, y en materia de sentencias dictadas, la cifra registrada en 2023 asciende a 72.534, una media por órgano judicial de 302,23 sentencias. Asimismo, se distaron 122.933 autos en 2023, frente a los 124.004 de 2022. Al hilo de esto, el presidente del TSJCyL señaló que aunque se aprecia un «ligero descenso» en el número de asuntos resueltos, no debe entenderse como un «descanso real», y recordó la situación vivida el pasado año con las huelgas en la Administración de Justicia.

Destacó así la «capacidad de respuesta» de los jueces y magistrados, dado que esta situación supuso un «esfuerzo añadido» a la carga de trabajo en el segundo semestre del año «para solventar la paralización de la actividad del primer semestre».

Durante su intervención ante los medios, Concepción hizo hincapié en la «necesaria creación de plazas judiciales», que tal y como recordó, el propio Servicio de Inspección del CGPJ aconseja dentro del territorio de Castilla y León. Lamentó así que esta petición «no ha sido atendida por el Ministerio de Justicia en los términos solicitados».

Hizo alusión así al Real Decreto 1170/2023 de 27 de diciembre, donde se acordaba la creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la creación de 2023, de las cuales, solo tres fueron en Castilla y León: una plaza de Magistrado para la Sección Única de la Audiencia Provincial de Segovia correspondiente al orden Civil y Penal, una plaza de Magistrado para la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, correspondiente al orden Civil, y un Juzgado de Primera Instancia en Ponferrada. Según indicó Concepción, las dos últimas no habían sido solicitadas como «urgentes o imprescindibles», sino que «fueron creadas por criterios de oportunidad política en algunos de los casos».

Desde el TSJCyL destacan como «prioridad» la reación de dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Salamanca, que señaló que está «infradotada» dado el volumen de población de esta provincia. Asimismo, recalcó la necesidad de un Juzgado de lo Social en Burgos y de un Juzgado de Primera Instancia en León. A esto se suma la petición de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Miranda de Ebro (Burgos) y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila, así como un Juzgado de Primera Instancia en Valladolid y Salamanca, y una plaza de magistrado de la Sección Penal en la Audiencia Provincial de Burgos.

Asimismo, destacó que las Audiencias Provinciales de Soria y Zamora carecen de presidente por traslado y jubilación de sus anteriores titulares, lo que «obliga a los magistrados más antiguos la asunción de las funciones gubernativas propias de los presidentes que, en algunos casos no desean realizar». Reconoció así que en su caso, «le faltan horas del día» para atender el trabajo jurisdiccional y gobernativo como presidente del TSJCyL, y considera que el CGPJ debería «afrontar de una vez por todas estos nombramientos».