El tribunal que debe repetir el examen a 19.000 opositores de Castilla y León vuelve a cambiar

No se incorpora la persona que figuraba como suplente, sino que eleva a esas funciones a una de las vocales e incorpora a otra funcionaria como vocal, de forma que ahora el tribunal calificador cumple con los criterios de paridad recomendados al estar integrado por tres varones y dos mujeres. La resolución es de 30 de octubre y fue publicada en el Bocyl el pasado lunes. Justo el mismo día que el consejero de la Presidencia y vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, apuntaba en las Cortes, ante una pregunta de la oposición, que el examen se llevaría a cabo antes de Navidad.

La renuncia en pleno del tribunal inicial ha hecho imposible repetirlo en octubre, primera fecha que barajó el vicepresidente de la Junta.

El nuevo tribunal reemplaza al que renunció casi en bloque (todos menos uno) en septiembre después de que desde la Consejería de la Presidencia decidieran anular el examen al que estaban convocados 18.889 aspirantes y que tuvo lugar a primeros de junio y volver a repetir la prueba. Se trata de puestos de trabajo del nivel más básico de la Administración (camarero, limpiador...), con nóminas que se sitúan en el entorno de los 800 euros.

Se baraja como nueva fecha el 2 de diciembre, aunque a estas alturas de calendario no es oficial y los plazos de trabajo del nuevo tribunal serían muy ajustados. El saliente mantuvo más de 35 sesiones de trabajo para perfilar el cuestionario de 80 preguntas que originó quejas por la dificultad y recursos de aspirantes que entendían que no se ajustaba al temario ni a la convocatoria.

La anulación del examen y la repetición de la prueba está recurrida ante un juzgado de Valladolid por un grupo de 68 aspirantes que consideran que habían superado el cuestionario que planteó el tribunal y que este se ajustaba a la convocatoria. La Junta publicó la plantilla de respuestas días después del examen, aunque no se corrigió ningún ejercicio.

Este grupo de opositores ha planteado un recurso de protección de derechos fundamentales, en concreto el de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. El juez no les concedió la medida cautelar de suspender la repetición del examen, que solicitaba también el fiscal, pero sí dio trámite al recurso.

La Junta ha tenido que presentar todo el expediente del proceso. El plazo inicial de cinco días se ha estirado al enviar Presidencia la documentación en varias fases, concretamente en tres tandas. La Administración dispone ahora de un nuevo periodo de 8 días para contestar a la demanda definitiva elevada por los opositores contrarios a la repetición de la prueba y luego el juez tomará una decisión.