Los trabajadores temporales de León trasladan sus reivindicaciones a la jefa de la Comisión Europea en una reunión

En este informe, las plataformas firmantes, que representan a gran parte del colectivo a nivel nacional, denuncian la situación de abuso de temporalidad en la que todavía se encuentran 800.000 empleados públicos por el incumplimiento de la transposición de la Directiva 1999/70/CE y la no aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Gobierno del Estado.

Los firmantes del informe denuncian además que «la previsión más probable es que las reformas legales en marcha relajen todavía más los controles de legalidad de la contratación de empleados públicos temporales, sustrayéndolos del amparo del Derecho de la UE, como ya ocurre con los procesos de estabilización» a los que no renuncia el ministro de Administraciones Públicas Miquel Iceta aún siendo consciente de que no son una medida legal eficaz y disuasoria que evite y sancione la temporalidad abusiva y que elimine las consecuencias del abuso, y de que no reparan al trabajador víctima del citado abuso».

Pero el informe va más allá y realiza un «tirón de orejas» a la propia Unión Europea al afirmar que «no tenemos información alguna sobre los procedimientos de investigación y/o infracción que la Comisión Europea (CE) pueda haber iniciado o mantenga abiertos contra el Reino de España a propósito de la aplicación de la Directiva 1999/70/CE. La inacción o la demora en las actuaciones de la CE es también causa de inaplicación del Derecho de la UE en un Estado Miembro».

Los trabajadores afirman que la «excusa» del España, avalada también por el actual ministro Miquel Iceta, es que la temporalidad desbocada procedía de las limitaciones presupuestarias que impidieron la reposición de efectivos. Sin embargo, la realidad es otra: las limitaciones presupuestarias no justifican el incumplimiento de la Ley y las tasas de temporalidad han sido elevadas desde fechas muy anteriores a tales limitaciones y, en cualquier caso, la temporalidad afecta a plazas de naturaleza estructural, es decir, ya presupuestadas.

Los representantes de las diferentes plataformas asistentes al encuentro valoran positivamente que, a diferencia de Iceta que hace oídos sordos a los afectados, la representante de la Comisión de la UE haya escuchado la exposición de la realidad que padecen más de 800,000 empleados públicos y se haya comprometido a trasladar el informa y transmitir el contenido de las reivindicaciones a los responsables europeos.