Trabajadores del ICE denuncian presiones a una auxiliar para que se autoinculpe de la pérdida del documento de la Inspección

Los trabajadores denuncian que «desde que se conoció la filtración del pliego de condiciones y la pérdida del documento procedente de la Inspección General de Servicios, el personal auxiliar del Registro está sometido a presiones para que reconozca su responsabilidad en la pérdida de dicho documento». Al parecer, la función de esta trabajadora es exclusivamente registrar la entrada de los documentos y son otros cargos superiores los encargados de distribuirlos. Fuentes del ICE indicaron que el rastreo digital de dicho documento llevó a 'encontrarlo' en el archivo de la secretaria del director general, José María Ribot, el cargo inmediatamente inferior a la consejera Pilar del Olmo.

Consideran que «no es aceptable que se descargue toda la responsabilidad en los trabajadores de base y se exonere de culpa a los superiores y mandos intermedios. Por ello solicitamos que las investigaciones que se realicen se centren en los responsables de las áreas de actividad afectadas y que no se limiten a buscar chivos expiatorios entre el personal de base de dichas áreas».

La denuncia que presentó la Consejería de Economía y Hacienda respecto de la filtración de las bases a una empresa que concurrió a una adjudicación para el parque de automoción está ya en la Fiscalía, que ha abierto diligencias para tratar de esclarecer si, aunque la filtración fue detectada a tiempo por la mesa y se expulsó a la empresa del concurso, con lo que no se habría producido perjuicio a las otras empresas que concurrían, se habría podido incurrir en un fraude contra la administración.

En paralelo a la vía judicial, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, espera el resultado de la investigación interna que aclare qué ocurrió en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE, antigua Agencia de Desarrollo, ADE) para que la resolución emitida por la Inspección General de Servicios sobre esta filtración de un pliego de contratos haya estado traspapelada desde el 30 de agosto hasta la semana pasada.

El informe entró oficialmente en el ICE mediante un registro informático y consta el «recibido». Lo que ocurrió a partir de ahí es lo que debe esclarecer la investigación interna: si hubo un error en el sistema, una negligencia de alguno de los empleados públicos responsables de la cadena de custodia de ese documento o una intencionalidad para que el mismo no llegara al director del instituto, José María Ribot. La consejera de Hacienda relató que no es hasta que lo pidió el pasado jueves, tras tener noticia de una denuncia pública sobre el mismo de los procuradores del PSOE José Francisco Martín y Pedro González, cuando ese informe aparece y lo que en él concluyen los inspectores de la Junta fue lo que llevó a Pilar del Olmo a pedir oficialmente a la Fiscalía que abriera una investigación, lo que el ministerio público acaba de hacer de oficio.

«El informe I/11/2018, de 24 de agosto de la Inspección General de Servicios concluye, en relación con el expediente de contratación A2017/001736 del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que existen actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito o falta penal, por lo que procede que las anomalías detectadas se pongan en conocimiento del ministerio fiscal», recoge textualmente el escrito firmado por Pilar del Olmo y remitido al juzgado de guardia.

Así, la licitación de una nave en el Parque de Proveedores de Renault, de la que la mesa de contratación decide excluir a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones ha dado lugar a estos dos itinerarios de investigación. El de Fiscalía, al considerar la mesa de contratación, primero, y la Inspección General de Servicios, después, que pudieron haber accedido a un pliego de licitación antes de su publicación en el Bocyl, y el ordenado por Pilar del Olmo para dirimir lo ocurrido en el Registro del ICE.