Un total de 35.336 trabajadores se ve obligado a recurrir al Fogasa durante los últimos cinco años de crecimiento

Los datos que facilita el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde que las cifras macro retornaron a positivo en la economía de la Comunidad, desde 2014 hasta 2018, revelan que el Fondo de Garantía Salarial tramitó en ese periodo apoyos para 35.336 trabajadores, cuando en el quinquenio anterior, marcado por la recesión, ascendieron a 71.762, es decir, el doble.

En concreto, las aportaciones en salarios e indemnizaciones para esos trabajadores sumaron en los cinco años de estudio 218,99 millones de euros, lo que representa una merma en más de 130 millones respecto a las cantidades consignadas en los cinco ejercicios anteriores de crisis, con una reducción porcentual del 37,6 por ciento.

El informe recogido por Ical, indica que entre 2014 y 2018, el Fogasa tramitó 28.718 expedientes, un 42,1 por ciento menos que en el quinquenio 2009-2013. En cuanto a las empresas afectadas por insolvencias que acabaron en el Fogasa, ascendieron a 10.422, frente a las 22.570 de los cinco años precedentes, con una reducción del 53,8 por ciento.

En cuanto a los fondos liberados por el Fogasa, más de 69 millones correspondieron a salarios, con un descenso del 38,5 por ciento; mientras que 149,9 millones fueron para indeminizaciones, que representan una rebaja respecto a los cinco años precedentes de crisis del 37,2 por ciento.

La gráfica de fiebre de los últimos diez años revela un ascenso exponencial de los afectados y de los presupuestos a desembolsar por Fogasa desde 2009 a 2013 para iniciar un descenso brusco con la entrada de la recuperación desde 2014 hasta 2018.

En concreto y en relación a los afectados, en 2009 ya habían empezado a crecer con 9.972 respecto a los 4.468 de 2008, pero es que al año siguiente se dispararon a 12.428, un número que creció ligeramente en 2011 hasta los 12.785. El ejercicio posterior, 2012, la cifra volvió a saltar hasta los 17.850 y en 2013, el peor año de la crisis, se alcanzó el pico de 18.727 afectados por insolvencias empresariales.

A partir de ese año, los número positivos de las cifras macro, se tradujeron en una merma progresiva de los afectados, después de cinco años de una profunda reestructuración laboral, Así, en 2014, un año en el que todavía se arrastraron los perniciosos efectos de la crisis, la cifra de afectados ya había bajado respecto a 2013, a 16.723; para al año siguiente desplomarse hasta los 6.340; y mermar de nuevo en 2016, hasta los 5.276. El ño 2017, el número de trabajadores que acudieron a Fogasa ya estaba en nivel previos a la crisis, con 3.747, y el año pasado se cerró con la cifra más baja de todo el periodo, con 3.250.

En cuanto a los desembolsos, el mayor volumen se alcanzó, pese a la llegada del ciclo expansivo, en 2014, con los últimos latigazos procedentes de la crisis, con 91,2 millones gastados en salarios e indemnizaciones por la entrada concursal de actividades, seguido ese ejercicio por 2012, con 91, y 2013, con 90,5 millones de euros.

Asimismo, el año 2009 se desembolsaron 48,6 millones de euros, en 2010, 59,5 millones, y en 2011, 61,1. A partir de 2015 la cifra baja de forma incesante, con 45,1 millones ese año, para pasar a los 38,5 en 2016, a los 22,9 en 2017, y a los 21 millones el año pasado, también la menor de las cifras de la década.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) consideró «muy positivos» los datos del Fogasa de los últimos años relativos a su intervención en supuestos de insolvencia empresarial, abono de indemnizaciones y número de trabajadores afectados apoyados por el organismo, aunque aseguró que «no necesariamente pueden tener causa en la mejora de la economía, o al menos no exclusivamente».

Fuentes de la patronal autonómica comentaron a Ical, que «efectivamente», la menor intervención del Fogasa puede explicarse por la disminución de empresas en situación de crisis. Sin embargo, aseveraron que «este hecho contrasta con otra realidad en nuestra Región y es el estancamiento, cuando no reducción, en la creación de nuevas empresas que denota que aquella mejora en la economía no ha encontrado reflejo en el tejido empresarial».

Las mismas fuentes consideraron «fundamental el papel y la finalidad» de organismos como el Fogasa, porque «su actuación no solamente pasa por garantizar los derechos económicos de los trabajadores, sino que igualmente apoya o protege a las empresas que atraviesan situaciones de crisis, a fin de impulsar su continuidad y, por ende, el mantenimiento del empleo».

Así, desde la patronal regional consideraron que «es clave contar con instrumentos que fomenten y consoliden el tejido empresarial de nuestra región». «La estabilidad social, un marco normativo consolidado y una presión fiscal realista y adecuada siempre se van a traducir en una mayor estabilidad económica y social y, con ella, en el mantenimiento y la creación de empleo», concluyeron.