Los 313 todoterrenos de la Junta se vendieron por 220.000 euros cuando valían 2,8 millones

Y a esa hipótesis preliminar llega ocho meses después del inicio de la investigación a raíz de un atestado de la Guardia Civil de Ávila, al haber podido confirmar que los todoterrenos fueron vendidos a empresas de la comunidad por entre 600 y 800 euros (700 euros de ­media) cuando su valor real en el mercado de segunda mano podía alcanzar los 2,8 millones (9.000 euros de media por cada ­vehículo).

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que dirige ahora la causa, investiga por tanto «si se ordenó (no se sabe todavía quién) dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitarla» y proceder así a su adjudicación ­directa, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

La orden, si es que hubo tal, pudo proceder de algún responsable, ya que lo cierto es que los 313 todoterrenos fueron enajenados por cada delegación territorial en las nueve provincias a través de su «venta directa» a desguaces, en su mayoría con «una baja temporal no definitiva» por un precio medio de 700 euros. 210 de los 313 todoterrenos podían, por tanto, ser vendidos después legalmente, si bien el resto (103) debían ir destinados, en principio, a su destrucción directa. El caso es que algunos de estos últimos fueron detectados posteriormente en circulación por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

La realidad refleja que cada uno de estos vehículos, en su mayoría '4x4' Land Rover Defender, así como algunos Suzuki o Nissan, pese a superar los diez años de antigüedad y los doscientos mil kilómetros en su mayoría, se venden en el mercado de segundo mano por precios, que en el caso del primer modelo, pueden alcanzar los 18.000 euros. La horquilla de precios parte desde los 4.000 de los Suzuki más baratos hasta los 13.000 de media de los 'Defender'. Todos estos modelos están a la venta en portales de internet de segunda mano y desguaces como Velázquez, en Valladolid, los mantiene expuestos al público en sus instalaciones junto a la A-62 con los citados precios de venta. (Esta empresa declinó pronunciarse sobre el caso). La investigación judicial se centra en el modelo de venta que se eligió para su enajenación por parte de la Junta.

De los 210 vehículos adquiridos por los distintos desguaces que sí se podían vender, la titularidad de 63 de ellos ha sido transmitida a distintas empresas. El resto (147) continúan a día de hoy a nombre de la Junta al no haberse efectuado el pertinente cambio de titularidad, según informaron fuentes judiciales. La investigación realizada hasta ahora por la Guardia Civil cifra en 2,8 millones de euros el valor real de los 313 todoterrenos (9.000 euros de media) enajenados por Medio Ambiente, cuando fueron vendidos por 220.000 (700 cada uno de media). Un desfase que podría parecer excesivo y que ahora el juez trata de dilucidar si pudo ser delictivo, es decir, si en la decisión se cometieron «posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con la participación directa de empresas y particulares, que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos por entre 600 y 800 euros cuando su precio en el mercado es de aproximadamente 9.000», añaden las fuentes del TSJ.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente declinó este viernes ofrecer explicaciones sobre este procedimiento, aunque sí informó de que este departamento enajenó 658 vehículos entre 2018 (482) y 2019 (176). La legislación vigente, añadieron, establece que «la enajenación de bienes individuales o por lotes puede efectuarse de forma directa –como sería el caso– cuando la consejería de forma razonada considere que se trata de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso –si el valor de su tasación para la venta es inferior al 25% de su valor de adquisición– y su valor sea inferior a los 30.000 euros». Desde la consejería añadieron que «es a cada delegación territorial a la que corresponde determinar el procedimiento de enajenación». El juez quiere saber si estos requisitos se cumplieron o hubo prevaricación.