Técnicos de Hacienda califican de disparatada y contradictoria la supresión de Sucesiones en Castilla y León

José María Mollinedo, secretario general de este colectivo de funcionarios de alta especialización en control presupuestario, fiscalidad y recaudación, apunta que la actual deducción del 99% del impuesto para los primeros 400.000 euros por heredero (no por herencia) vigente en Castilla y León supone en la práctica la eliminación para la inmensa mayoría de los contribuyentes que son familiares directos del fallecido: hijos, cónyuge o padres. El beneficio de la medida impulsada por el Gobierno bipartito PP-Cs se enfoca ahora a los que superan esos 400.000 euros.

Mollinero incide en que presentar una liquidación de este impuesto por encima de esa cifra es algo «singular», puesto que el caso más común, por el perfil sociológico de las familias afectadas, implica la distribución de la herencia entre dos, tres o cuatro hijos y el viudo o viuda del fallecido.

El Gobierno coliderado por Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea va más allá del caso de herencias con funeral por medio y se adentra en las donaciones 'inter vivos', primando la transmisión de bienes en vida entre cónyuges, descendientes o ascendientes. El responsable de los técnicos del Ministerio de Hacienda aborda este supuesto volviendo la mirada hacia Murcia, donde ya es una realidad. Se ha traducido, según José María Mollinedo, en una suerte de instrumento que ha ayudado a planificar fiscalmente el traspaso de bienes sin abonar impuesto alguno en familias «con grandes patrimonios». Lo que la comunidad murciana ha dejado de ingresar al incrementar la bonificación autonómica del 60% al 99% se ha triplicado, pasando de 39,8 millones de euros durante el año previo a la aplicación a 159,6.

El vicepresidente de Castilla y León y portavoz de la Junta cifró el pasado jueves el coste de dar la puntilla definitiva al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre familiares directos en 38 millones de euros, que es lo que las caja autonómica ingresa ahora y dejaría de ingresar al entrar en vigor la medida. El impuesto sigue siendo obligatorio para los contribuyentes que no son familia o con un grado de parentesco menor: sobrinos, hermanos, tíos, primos y allegados varios.

Francisco Igea defendió que esa aminoración de la recaudación se compensará con el incremento de la actividad económica por el rejuvenecimiento del tejido productivo que, a juicio de los responsables la Junta, generará esa transmisión de bienes. El vicepresidente añadió que la medida evitará la fuga de empresas a Madrid.

Un vecino como la comunidad madrileña supone una competencia fiscal feroz y poco solidaria para los territorios limítrofes. El empuje económico que le proporciona ser la capital de España, con la concentración de grandes empresas y sus directivos, tira por elevación de las cuantías medias por contribuyente en IRPF y Patrimonio hasta el punto de poder permitirse ser la primera comunidad en eliminar Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Mollinedo cifra en cerca de 900 millones de euros lo que la Comunidad de Madrid 'perdona' fiscalmente a las grandes fortunas allí afincadas.

«Muy críticos con este tipo de medidas», según reconoce el secretario general de Gestha, el análisis que efectúan desde el sindicato de técnicos de Hacienda (colectivo de 8.000 profesionales repartidos en áreas ministeriales de intervención y control de gasto y en departamentos de la Agencia Tributaria) lleva a calificar la carrera de desgravaciones sobre el tributo que grava las herencias y las donaciones como «contradictoria». Incluso «disparatada». Por las diferencias de tributación que soportan los ciudadanos, según la comunidad en la que vivan. También alertan de que se renuncia a una recaudación, con un escenario de riesgo incurrir en déficit, situación sobre la que Castilla yLeón recibió un aviso de la AIReF el pasado 18 de julio. A eso se añade la reclamación de más fondos del modelo de financiación autonómica, recuerda Mollinedo, que plantea, ante la reforma del mismo, que el punto de partida debería ser «la recaudación potencial de cada comunidad y no la real, a la restan lo que dejan de ingresar por desgravaciones propias».