La tasa de despoblación y de paro, variables correctoras para el reparto del nuevo fondo de cohesión territorial

Así lo recoge, entre sus novedades, la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de entidades locales del fondo de cohesión territorial en Castilla y León, que se presenta con vocación de permanencia y prevé movilizar 133,3 millones en la legislatura entre las aportaciones de la Junta, diputaciones y municipios.

Este fondo de cohesión territorial, cuyas subvenciones tendrán la naturaleza de la Cooperación Económica Local General, como parte del Plan de Cooperación Local, fue anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la campaña electoral y en su discurso de investidura y, después, por el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en la presentación de su programa de legislatura en las Cortes.

Favorecer la cohesión y el equilibro entre las Provincias de Castilla y León, garantizar la igualdad de oportunidades de los castellanos y leoneses, impulsar el crecimiento económico, social y el empleo, incentivar las inversiones locales en el medio rural, aumentar la cooperación económica estable de la Comunidad Autónoma con las Entidades locales, elevar la financiación autonómica anual en 20 millones y movilizar recursos conjuntos entre la Junta, diputaciones y los ayuntamientos son los objetivos de este fondo.

Como recoge la orden, consultada por Ical, las subvenciones se concederán en concurrencia pública no competitiva hasta el límite que establezca la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Así, el 60 por ciento se distribuirá entre los municipios con población menor o igual a 20.000; el 30 por ciento de la cuantía se aplicará provincialmente conforme con la tasa de paro de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022; el 10 por ciento se limita solo a las provincias cuya tasa de despoblación sea superior a la media de la Comunidad según el dato oficial de este año.

Será el titular de la Consejería competente en materia de administración local quien distribuya las ayudas a los municipios conforme a los requisitos recogidos en esta normativa y la cuantía que corresponda a cada entidad local se publicará en otra orden en el Bocyl. A partir de ahí, cada entidad beneficiada enviará a la Consejería o a la Diputación correspondiente, en forma y plazo, la documentación.

Entre la documentación, además de la ficha de las inversiones previstas con cargo a este fondo, deberán presentar varias declaraciones responsables, como estar al corriente de las obligaciones tributarias, del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones de la Administración autonómica o sobre la veracidad y certeza de los datos presentados.

Las subvenciones se concederán siguiendo los criterios de cofinanciación, por lo que cada entidad local deberá realizar la aportación mínima mediante fondos propios procedentes de su presupuesto, al menos de un 25 por ciento. El pago de las subvenciones se ordenará de forma anticipada de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, una vez cumplidos los requisitos normativos.

Según Presidencia, se han respetado los principios de transparencia y participación en la tramitación de esta orden, ya que la propuesta de distribución de la parte del fondo asignado a las entidades locales, así como de las características y su destino, que se ha presentado a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla, que dio su respaldó y aprobación por unanimidad.

También, la propuesta de orden de bases se ha remitido a la Federación Regional de Municipios y Provincias en trámite de audiencia para que efectúen la alegaciones o sugerencias que consideren convenientes y se ha informado de su contenido en el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León.