IU subraya que el modelo ganadero de Castilla y León conllevará la destrucción del tejido y el empleo vinculado en la Comunidad

En un comunicado recogido por Ical, la formación señala el continuo aumento de la cabaña ganadera intensiva, con aumentos del 14,36 por ciento en porcino y un 10,76 por ciento en bovino. De acuerdo con los datos recabados en el Sistema Integral de Trazabilidad Animal, eso se ha visto acompañado de la destrucción de casi 10.000 explotaciones, con un descenso de su número del 12,35 por ciento, en 5 años, y paralelamente, las cabezas de ganado que principalmente trabajan en extensivo se han visto disminuido drásticamente. «En los últimos años se está observando una proliferación de grandes explotaciones de porcino en contraste con las pequeñas y medianas explotaciones que están retrocediendo», advierten.

Por su parte la evolución del empleo directo y relacionado con el sector ganadero se ha visto reducido, bajando un 3,87 por ciento (2.660 trabajadores) en los últimos 5 años. La diferencia se agudiza desde el 2008, con caídas de la media anual hasta el 2021 de cerca del 15 por ciento, y alrededor de 12.000 trabajadores, según datos EPA.

El resultado es la pérdida de empleo en el sector agropecuario, lo que se traducirá en una acentuación en el fenómeno de la despoblación de estas áreas. Para IU, es la demostración de «lo que el Partido Popular quiere para nuestros pueblos, un modelo económico que expulsa a las personas del territorio para entregárselo a los poderosos». «La Junta tiene herramientas para frenar las macrogranjas pero, lejos de detener su implantación, está poniendo una alfombra roja», lamentan.

IU apunta que desde el gobierno de España se ha desarrollado la Ley de Cadena Alimentaria y el Real Decreto que flexibiliza las condiciones a los pequeños productores desde Consumo. «Defendemos al sector ganadero de la amenaza directa y constante que está siendo la intensificación y la proliferación de macrogranjas». Reiteran la apuesta por un modelo principalmente extensivo, familiar y social, que «merece y necesita el apoyo político y económico de las instituciones», concluye Gascón.