Suárez-Quiñones intentará «tener el mejor comportamiento posible a las reivindicaciones» de los agentes forestales

A su juicio, es «legítimo» que un cuerpo pretenda «obtener lo máximo en una negociación de las RPT de la Junta, donde cada uno pretende ir a máximos de los que considera», pero «no significa que sea aceptable». «Para eso tiene que estar en el mapa global de la función pública de la Junta, de su capacidad económica y de las circunstancias que concurren», respondió, para añadir que en «la legitimidad de las reivindicaciones está la legitimidad de las decisiones que tome la Junta».

Igualmente, apuntó que la Consejería de Medio Ambiente «es sectorial, no de función pública», y apostó por «sentarse con los agentes medioambientales para hablar del futuro de este cuerpo, de las propuestas ya hechas a la Consejería de la Presidencia». Aparte, continuó, «más adelante se celebrará una mesa de planteamientos sobre cuestiones organizativas», que le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. «Hay que sentarse y hablar, no solo criticar y atacar», opinó.

Sobre la equiparación con el resto de compañeros nacionales que reclama el sector, Suárez-Quiñones defendió que «hay que estudiarla a brocha fina, no a brocha gorda», una frase que justificó en que «en Castilla y León ha habido mejoras de la carrera profesional, las 35 horas de trabajo y otras de ámbito económico, que no se han considerado y se han comparado cosas desiguales».

También asumió que está pendiente un decreto de guardias, que «mejorará de forma muy relevante al sector». «Esas comparaciones se tienen que hacer en términos iguales. Hay un compromiso de la Junta con un personal», dijo, que es «fundamental para el medio natural», porque los agentes «cuidan de él y hacen un papel muy relevante, entre ellas con los incendios forestales».