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Sábado, 25 de abril 2020, 19:54
La Plataforma Stop Uranio denunció la insistente negociación de la empresa Berkeley sobre los permisos para abrir la mina y la planta de tratamiento de Uranio en la localidad salmantina de Retortillo. La lucha continúa a pesar del estado de alarma y de estar suspendidos todos los plazos administrativos o judiciales, por lo que «es imposible avanzar nada en la tramitación de los permisos necesarios para la puesta en marcha», como explicaron desde la Plataforma a través de un comunicado.
Stop Uranio se mostró sorprendida de que Berkeley «pueda congratularse con la confirmación de un permiso, la autorización de uso excepcional en suelo rústico, que obtuvo hace casi tres años, en julio de 2017». A su juicio, ese permiso la Plataforma lo tiene recurrido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Salamanca desde finales de ese año, y recordaron «estar a la espera de que se dicte una sentencia que debiera confirmar lo que ya dijo el Procurador del Común en la Resolución de agosto de ese mismo año». En ella, según argumentaron en el escrito, la autorización concedida por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca «no es conforme a derecho».
Además, desde la Plataforma salmantina sostuvieron que «todos los permisos obtenidos por Berkeley son muy antiguos». De este modo, la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio «está suspendida con carácter indefinido» por el antiguo Ministerio de Energía en la etapa de Mariano Rajoy, hoy Ministerio para la Transición Ecológica, mediante la Orden de 18 de enero de 2017,hasta la emisión de un informe preceptivo por el Consejo de Seguridad Nuclear, que, explicaron «únicamente es vinculante si es negativo», pudiendo el Gobierno denegar esa Autorización «como debiera suceder cuando se apuesta decididamente por las energías renovables».
Stop Uranio, aseveró que Berkeley «no consiguió que el Ayuntamiento de Retortillo, siempre favorable al proyecto, les otorgase la Licencia Urbanística debido a los problemas en el desdoblamiento de la carretera comarcal», la que une Retortillo con Villavieja de Yeltes, cuyo trazado actual sería ocupado por las instalaciones mineras.
En ese caso «lo que está suspendido es el procedimiento judicial posterior interpuesto por Berkeley por esa denegación», explicaron, mientras están a la espera de que se resuelva el procedimiento nuestro de la Autorización de uso excepcional.
Desde la Plataforma remarcaron que debido al tiempo transcurrido, «se le están caducando algunos de los permisos obtenidos», como es el caso de la Declaración de Impacto Ambiental, conseguida en octubre de 2013, en la que se daba un plazo de cinco años para poner en ejecución el proyecto minero.
A su juicio, y según sus palabras «parece la empresa minera lo que único que quiere es seguir negociando sus acciones en la Bolsa».
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