Solo uno de cada diez cuidadores familiares de un dependiente tiene Seguridad Social en Castilla y León

La principal ventaja para los cuidadores no profesionales, que son sobre todo mujeres, es que de esta forma los años dedicados a la atención de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente. La crisis provocó que el Gobierno, entonces del Partido Popular, retirara tal derecho con los recortes de 2012 en tiempos del presidente Mariano Rajoy. Su supresión entró en vigor el 31 de agosto de dicho año, en principio se anunció solo para los nuevos casos pero finalmente se retiró también para los que ya disfrutaban de tal ayuda de la Ley de Dependencia. Eran 11.739 los cuidadores que entonces tenían en Castilla y León reconocida la Seguridad Social con cargo al Estado de las 24.971 personas con dicha prestación de la Ley de Dependencia. Existía también la posibilidad de no solicitarla cuando ya se cobraba por otras causas, generalmente porque el beneficiario trabajaba o era pensionista y no hacía falta que la Administración central les facilitara la afiliación.

«Desde el pasado día 1 de abril de 2019, las personas reconocidas oficialmente como cuidadoras en el hogar de un allegado dependiente pueden recuperar este derecho tras su nueva entrada en vigor, en esta ocasión por el gobierno socialista de Pedro Sánchez», recuerda la Plataforma Social.

Sin embargo, apenas hay personas que lo hayan solicitado. La reducción del número de beneficiarios que tenían Seguridad Social después de agosto de 2012 fue radical y cuando hace un año entró en vigor el decreto al respecto en Castilla y León había, solamente, 763 personas que se mantenían de alta pese a ser 26.262 las que recibían tal prestación en el entorno doméstico.

Al finalizar el pasado ejercicio, con casi un año para poder solicitarlo, tal demanda sólo se ha incrementado hasta las 2.894 altas. Una cifra muy alejada de los 11.739 interesados que tenían Seguridad Social cuando se produjeron los recortes. Y ello, con 27.376 personas en situación de dependencia que tienen la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. «Es evidente que la mayoría de las personas desconocen que tiene derecho a que se les de de alta en la Seguridad Social». El trámite para solicitarla, añade esta organización, «es muy simple, solo tienen que acudir a la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social con la Resolución de la Junta en la que se les reconoce como cuidadores en el entorno familiar y el reconocimiento es automático; destaca dicha organización.

El derecho extinguido durante más de diez años abría solo la opción de solicitar expresamente suscribir el convenio especial antes del 1 de noviembre de aquel año con unas condiciones no lo hacían interesante. El 5% era a cargo de la Administración General del Estado y el 85% restante del cuidador no profesional y, a partir del día 1 de enero de 2013, sería a cargo exclusivamente del que atendía a su allegado dependiente. No tuvo éxito, fue anecdótico.

La supresión de tal cotización supuso un ahorro para las arcas estatales de unos 475,7 millones de euros (30,6 millones fue el dato de la comunidad autónoma).

Castilla y León incorporó un total de 11.402 beneficiarios al sistema de la dependencia durante 2019, por lo que se convirtió en la segunda autonomía que más usuarios añadió, por detrás de la Comunidad Valencia que, pese a registrar un incremento de la lista de espera, sumó 13.888 personas.

Así se desprende de un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera que ya se eleva a 270.000 personas con derecho a servicios o prestaciones que no reciben. Preocupa también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que hace un año).

La elección de los cuidados en el entorno familiar es la opción del 19,57% de los beneficiarios en la región. La ayuda vinculada al servicio, con el 29,48%, es la prestación más demandada; seguida de la ayuda a domicilio, con el 17,64.