Solo el 9,7% de los castellanos y leoneses por debajo del umbral de la pobreza reciben el Ingreso Mínimo Vital

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual. Hay comunidades que únicamente tienen una cobertura del 3,5 por ciento, como Baleares, o del 4,2 por ciento como Cataluña o Castilla- La Mancha y del 12,2 por ciento de Aragón o del 14,2 por ciento de Navarra. Melilla mejora este dato, llegando a un 16,8 por ciento y Ceuta al 13,9 por ciento.

Comparando con el total de España, las personas beneficiarias del IMV únicamente llegan al 80 por ciento de las beneficiarias de Rentas Mínimas, porcentaje que en Castilla y León es del 90,6 por ciento.

El número de personas perceptoras del IMV respecto a las de Rentas Mínimas, es muy desigual, así, en Canarias se han multiplicado por tres, en Castilla-La Mancha por dos, mientras que en Navarra o Islas Baleares únicamente lo cobran una de cada cinco personas de las que antes percibían la Renta Mínima. En otras comunidades como Extremadura o Galicia las personas perceptoras son similares.

La cuantía media por persona perceptora de los IMV en el conjunto de España supone el 16,4 por ciento de la renta media por hogar en nuestro país, porcentaje que en Castilla y León 17,8 por ciento. Una cuantía extremadamente baja e inferior al 17,1 por ciento del sistema de Rentas Mínimas.

Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada cuatro, un 26 por ciento. Una cifra irrisoria «que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo ni tampoco responde a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia covid-19».

A su vez, en el estudio se indica que se han resuelto 811.859 expedientes mientras 347.645 están en lista de espera, y se destaca que si se hubiera realizado la pasarela de los 300.000 expedientes de las Rentas Mínimas autonómicas, la lista de espera sería casi inexistente.

Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio reconoce que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), mientras que un 10 por ciento de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.

Por último, desde Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se acusa al Gobierno de no haber cumplido, ni siquiera, con una cuarta parte del objetivo que se planteó cuando aseguró que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza. «Mientras tanto las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital».