c. b. e.
Segovia
Domingo, 6 de mayo 2018, 10:20
La multa que el Ministerio de Fomento ha impuesto a Iberpistas como concesionaria de la autopista AP-6 cuando ocurrió el colapso de más de 3.000 vehículos durante la nevada primer fin de semana del año ha desencadenado una cascada de críticas, tanto ... por parte de partidos políticos como de asociaciones civiles y organizaciones de consumidores y usuarios. Nada más conocer que el primero de los dos expedientes sancionadores abiertos contra la empresa se saldaba con una sanción de 1.200 euros, el procurador regional de Izquierda Unida-Equo, José Sarrión, calificó la decisión del Ejecutivo de «vergonzosa y ridícula».
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La infracción castigada por el Ministerio está contemplada en la legislación de 1972 que regula estas concesiones de autopistas, de ahí que los propios responsables de Fomento reconozcan que hace falta revisar el marco normativo y actualizarlo.
Esta multa está aparejada al incumplimiento del contrato por parte de Iberpistas en lo que se refiere a la obligación de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización (300 euros por cada día y concesión). José Sarrión subraya que la AP-6 es una de las concesiones más rentables del país, ya que «con un tráfico de 30.000 vehículos diarios» en 2016 tuvo unos beneficios de 65 millones de euros.
Las quejas también provienen de las asociaciones de consumidores. Por ejemplo, Facua, cuyos responsables tachan de «insulto a los miles de afectados» por el caos que se produjo en la autopista «la micromulta de 1.200 euros». Asimismo, esta organización pone de relieve que ya interpuso una denuncia contra Iberpistas ante Fomento el pasado 8 de enero. En ella reclamó al ministro, Íñigo de la Serna, que sancionase a la empresa y la instase a compensar a los damnificados por los daños sufridos. «La ridícula multa llega sin que el Gobierno haya exigido formalmente a Abertis que abone las indemnizaciones reclamadas por los usuarios», lamenta Facua.
Por su parte, la plataforma de afectados a causa de la nevada en la AP-6 explica que, a pesar de ser una cuantía «ridícula», lo importante es que se determine administrativamente la responsabilidad contractual de la empresa.
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