VOX solicita la dimisión «inmediata» de Igea por utilizar argumentos «falaces» y propios de «tiranos» con el toque de queda

La formación considera que Igea «debe dejar a un lado su sabida ambición política, soberbia y prepotencia y asumir que no puede continuar ejerciendo como cargo público ni un día más», más cuando los ciudadanos de Castilla y León no se merecen «que atente de forma flagrante contra sus derechos fundamentales , contra su libertad, amparándose en la falaz argumento de que lo hace por su bien. Este es el argumento propio de los tiranos», precisan desde VOX en un comunicado.

Para el grupo, ha quedado demostrado que la incidencia se ha visto reducida por igual en aquellas comunidades autónomas en las que los horarios son más flexibles , dentro incluso de los límites recogidos por el Real Decreto que declara el Estado de Alarma, que desde el Grupo de VOX en el Congreso de los Diputados también consideran inconstitucional.

«Las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León son liberticidas pero también ineficaces, ya que no solamente atacan las libertades básicas de los ciudadanos, sino que también destruyen su economía, e impiden a los castellanos y leoneses su legítimo derecho a ganarse la vida sin que la Administración regional haya desarrollado medidas de justa indemnización, a la vez que observamos como no inciden en una mayor reducción de los contagios en comparación al resto de comunidades».

En caso de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León no presente su dimisión en las próximas 48 horas, desde VOX solicitarán al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que proceda a su cese inmediato. Si esto no ocurre, pedirán también la dimisión del jefe del Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, piden a la Junta y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, un programa de indemnizaciones «justas y eficaces» por los perjuicios y pérdidas económicas «que la Junta de Castilla y León haya causado a absolutamente todos los sectores económicos a los que se haya impedido el libre desarrollo de su actividad entre los días 16 de enero -fecha del inicio del confinamiento ilegal- hasta el día de hoy, 16 de febrero»

Del mismo modo, piden exonerar todas las sanciones administrativas que las fuerzas y cuerpos de seguridad hayan tramitado, y no descartan acudir a los tribunales, incluso pedir responsabilidades penales por « este ataque fundamental a los derechos básicos de los ciudadanos de Castilla y León».