Los sindicatos piden a Mañueco que disuelva las Cortes y convoque elecciones en Castilla y León dada la «situación dramática» de la comunidad

En señal de protesta por los Presupuestos Generales de la Comunidad, el próximo día 23, mientras se voten las cuentas para el próximo ejercicio en el Parlamento autonómico, ambos sindicatos rodearán las Cortes con «un gran cordón democrático», en señal de «advertencia» a la Junta de que «estos presupuesto son tienen salida pacífica».

Esa movilización, que se inserta dentro de las actuaciones de protesta que emprendieron en octubre con la asamblea autonómica, y las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 27 de noviembre, servirá para manifestar el rechazo a unos presupuestos que consideran «ilegales», que «hacen un gran recorte de las políticas públicas». «No los aceptaremos de forma pacífica lucharemos por transformar y cambiar, en los tribunales y en la calle», apuntó Vicente Andrés.

Además, las protestas irán «in crescendo», ya que, según advirtió el responsable autonómico de UGT, «el sindicalismo tiene muchas armas de presión y nada es descartable dentro del marco legal si insisten en minimizarnos». En declaraciones recogidas por Ical, Andrés lamentó que «Vox está utilizando el chantaje de sus votos en las Cortes para secuestrar la voluntad del PP, y les obliga a tragar con el incumplimiento de sus acuerdos y las leyes que ellos mismos han promovido, como la del Diálogo Social y la participación institucional».

«No pueden aceptar estos presupuestos, que son un atropello jurídico. Es un error histórico de Mañueco. Atacan directamente al sindicalismo y a las organizaciones sociales, no reconocen nuestra legitimidad, atacan a la legalidad democrática. Tenemos un papel en la sociedad, que nos obliga la Constitución. EL PP sabe que no puede votar unos presupuestos donde no reconoce a los sindicatos porque hay una ley categórica en Castilla y León al respecto, explicó.

Por su parte, Faustino Temprano desgranó los principales efectos nocivos que, a juicio de ambas organizaciones, tendrán los PGC que están sobre la mesa para «el conjunto de los trabajadores de la Comunidad, principalmente para los menos favorecidos». Así, se preguntó «qué va a pasar con el Serla a partir del 1 de enero», ya que «no tiene ni un euro presupuestado para seguir desarrollando su labor de mediación en conflictos colectivos en toda la Comunidad e individuales en el caso de Valladolid».

«Actualmente en el Serla hay comparecencias de mediaciones previstas para enero, y no hay ningún otro organismo que pueda asumir las competencias del Serla. En las empresas se van a producir despidos de trabajadores y por ley es obligatorio acudir a la mediación antes de recurrir por vía judicial, pero ahora se creará un vacío legal, un limbo sin financiación donde nadie sabe qué va a pasar, porque el Serla no puede seguir actuando sin presupuesto», reseñó, lamentando la situación de «indefensión» en que quedarán muchos trabajadores en apenas unas semanas.

Según expuso, las nuevas cuentas también conllevan la desaparición de los programas de prevención de riesgos laborales. «La Consejería de Empleo tampoco nos ha dicho quién va a llevar esos programas, que llevaban de forma conjunta los agentes sociales y económicos para ayudar a las microempresas de la Comunidad a realizar sus programas de prevención. La siniestralidad laboral en Castilla y León es una de las más altas de España, y con estos programas habíamos logrado contener la situación, pero ahora nadie sabe qué va a suceder», explicó.

Por otra parte, también se refirió a las Políticas Activas de Empleo, y censuró que desaparezca en los presupuestos todo el dinero contemplado anteriormente para la orientación para los trabajadores en situación de desempleo, la Formación Profesional y la orientación de trabajadores en activo que quieren cambiar de puesto de trabajo.

«La situación económica de Castilla y León nos preocupa. En nuestra Comunidad el desempleo sube mes a mes, tenemos los peores datos de toda España. En IPC somos la segunda con datos más inflacionistas, con una grave pérdida de tejido industrial. Somos la autonomía con menos población activa. Los datos macroeconómicos en España son positivos y aquí, negativos, y el único culpable de todo ello es el Gobierno de la Junta», acusó.

Además, recalcó que las partidas que ayudaban a crear empleo para los parados por parte de las corporaciones locales y diputaciones también desaparecen, y afirmó que «el ECyL se está desmantelando, se le quitan competencias, nadie está ahora mismo a cargo, y se genera una situación de desamparo entre los trabajadores». «Para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años disminuye en el presupuesto. Los desequilibrios van en aumento por la mala gestión de la Junta», lamentó antes de sentenciar que «Vox tiene posiciones xenófobas y discriminatorias».

«Estamos ante una distopía jurídica y política de servicios públicos sin precedentes en ninguna parte de España», subrayó Vicente Andrés, para quien «la inseguridad jurídica en que estamos inmersos nos convierte en un circo». «Es una ruina para Castilla y León, hay fuga de empresas, el PIB está por detrás del nacional, el IPC por delante, el desempleo aumenta por encima de lo nacional, caen las exportaciones… Estamos en una situación económicamente nefasta, socialmente inaceptable, y Mañueco no puede seguir a cualquier precio con este Gobierno conformado por radicales que cuestionan los valores fundamentales de la democracia y de la libertad», concluyó antes de comparar la situación actual con el crudo enfrentamiento que propició Margaret Tatcher en los 80 contra los mineros británicos.