Los sindicatos critican que la Junta cambió sus vehículos por otros «menos adecuados»

Lo llamativo de esta operación, en principio positiva para los trabajadores, ya que suponía la renovación del grueso de la flota (el 71%) de 752 vehículos, es que los propios beneficiarios advirtieron desde el inicio que los nuevos todoterrenos «eran vehículos más urbanos que para el campo en los que prácticamente no caben ni las herramientas». Tanto es así que fuentes del sindicato Csif recuerdan que el caso se llevó ante la Inspección de Trabajo y esta les dio la razón. «Estos vehículos son una herramienta de trabajo, y como tal deben considerarse en el marco del plan de riesgos laborales, y la propia Inspección nos dio la razón a la hora de confirmar que no son adecuados para realizar nuestra labor en los montes», explican desde el sindicato antes de lamentar que, aún así, «nos tocará padecerlos durante los próximos años». Hasta 2022, cuando concluya el contrato de 'renting' (arrendamiento) con la concesionaria.

Los nuevos vehículos fueron presentados el 29 de noviembre de 2017 por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuya comparecencia en las Cortes ha pedido el PSOE para que explique la operación, y él mismo destacó entonces «la importancia de que los trabajadores dispongan de los medios adecuados para desempeñar su trabajo con eficacia y seguridad».

Los trabajadores consultados, sin embargo, consideran que el cambio de vehículos no cumplió con dichos objetivos. «Al margen de que se produjera algún tipo de irregularidad en la venta de los vehículos antiguos, algo que desconocemos, lo que sí que parece claro es que se trató de una mala gestión», apuntan las fuentes consultadas antes de concretar que «se quitaron de encima coches sin mirar si estaban bien o mal, simplemente por su año de matriculación, cuando muchos de ellos no daban problemas graves de mantenimiento o averías e, incluso, algunos no tenían kilometrajes exagerados».

También la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) ha criticado aquella operación y en su cuenta oficial de Twitter señaló el viernes, cuando se conoció el inicio de esta investigación judicial –agentes de la Guardia Civil inspeccionaron ese día la propia Consejería en busca de documentación–, que «hemos dicho públicamente que en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pasan cosas muy extrañas y hay sospechosos de meter la mano en el cajón». El propio presidente de la Junta, en este sentido, anunció el viernes que la administración se personará en la causa si prospera y se descubre que ha existido un perjuicio patrimonial.

La investigación judicial, por ahora, solo trata de esclarecer quién ordenó «dividir lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros» y eludir así que los 313 vehículos enajenados salieran a subasta pública. Todos ellos fueron finalmente adjudicados directamente, en su mayoría, a distintos desguaces de la comunidad por entre 600 y 800 euros cada uno, precios aparentemente muy bajos para todoterrenos que ahora se venden por entre 4.000 y 18.000 euros.

La investigación, ahora conocida, comenzó meses atrás, en mayo de 2019, cuando la Guardia Civil de Ávila remitió un atestado en el que informaba de la identificación de más un centenar de vehículos enajenados por la Junta, y que en principio estaban destinados al desguace, circulando por las carreteras. Después se comprobó que otros 63 todoterrenos habían sido ya cambiados de titular y que 147, aunque vendidos, continuaban bajo la titularidad de la Junta de Castilla y León. Los propios agentes estimaron que el perjuicio patrimonial de esta operación para la administración ronda los 2,8 millones de euros, que sería el valor real en el mercado de segunda de los 313 vehículos vendidos en su día por tan solo 220.000.

La causa judicial está por ahora en su fase inicial y hasta la fecha no ha habido investigados o detenidos.