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Los sanitarios en el medio rural de Castilla y León, los que se encargan de las urgencias y la atención continuada, comen productos caducados, precocinados y con ingredientes poco saludables como aceites de palma. Son algunas de sus quejas del actual servicio después de ... años de litigios para conseguir recuperar su manutención en las jornadas de guardia. La Consejería de Sanidad ha anunciado que exigirá a la empresa responsable de este catering «garantías de seguridad y calidad». Sin embargo, el problema ya fue comunicado a la Gerencia de Salud un mes antes. Así lo asegura la Cesm que envió una carta con los detalles de los problemas de este servicio. No solo con el de que sean escasamente saludables sino de que se repartan «en solo tres días, con lo que la comida y la cena se sirven al menos con un día y en el caso de los lunes» y los alimentos están tres jornadas antes en el centro de salud. Indicaba además la misiva que las instalaciones no están preparadas para tal acúmulo de comidas y otros aspectos de seguridad y salubridad.
Según indican fuentes del Sindicato Médico, pese a estas advertencias fechadas el día 7 de agosto y la contestación de la propia consejería el 16 del pasado mes, «no se han preocupado por ello en todo este tiempo y salen con un comunicado de prensa y también interno a través delsistema informático Medora, ahora, cuando ya es público y notorio», señalan fuentes sindicales.
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Efectivamente, desde Sacyl se responde a la central sindical y se explica la elección de la línea fría e indicando que no es una decisión del actual equipo pero se garantiza «un seguimiento y posterior evaluación del servicio». La Cesm destaca que «nada ha cambiado».
No obstante, la consejería se reunirá en Palencia con los responsables de las instalaciones y recuerda a los profesionales que pueden optar por la aplicación informática a menús caseros y no precocinados;pero «muy pocos lo usan».
También el sindicato de Enfermería Satse reclama Sanidad que rescinda el contrato firmado con la empresa adjudicataria, algo que rechaza la Junta «sin la carga de la prueba acreditada», según explicó Francisco Igea, vicepresidente.
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