Señalan que la autorización de parques eólicos se sustentaba también en Ricardo González Mantero

Los dos últimos, dijo, “informaban y asesoraban desde el EREN directamente a Delgado” a pesar de que Ordóñez era el director general responsable. También atribuyó al exvicepresidente de la Junta y consejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, ser el “impulsor último y de una sola vez” de los mecanismos de entrada de empresas locales en estos proyectos.

Así lo aseguró durante una declaración que se extendió durante una hora y cuarto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, por su participación en la causa sobre la tramitación de parques eólicos en Castilla y León. Tal y como declararon fuentes jurídicas, Ordóñez hizo referencia a una reunión a principios de 2004 entre el propio Villanueva, Delgado y él mismo, en el que recibió la “doctrina” de incorporar al empresariado local, “en abstracto”, para favorecer “a nuestras empresas”.

Ante las distintas “reticencias” que mostraron algunos funcionarios, como el propio Ordóñez señaló, “automáticamente se les calló bajo una decisión política y se acabo”, tal y como confirmó Emilio Martínez, abogado de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación.

Recordó que “nuevamente surgen las figuras de González Mantero y Ciria”, de los que dijo que “su posición en la causa como testigos empieza a ser cada vez más difícil de sostener”. “Resulta que son los ejecutores y los ayudas de cámara fieles de las resoluciones que, en última instancia, se toman en un procedimiento que se ajusta escasamente a la legalidad”, valoró.

Ordóñez reconoció, según varias fuentes, que se trataba de una “decisión política”, como “lo puso de manifiesto personalmente Villanueva en la reunión de 2004”. “No es la primera referencia a ese hecho y parece que existen indicios más que suficientes. Siempre vienen rondando referencias puntuales, pero no menos ciertas, de que quien impulsa todo esto es el vicepresidente de la Junta”, comentó.

También declaró en la jornada de este mujer la exmujer de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, quien aseguró que no tiene ninguna relación con los negocios del que fue su esposo, el empresario y exdirector general de Ade Internacional Excal.

Asimismo, el abogado que se encarga de su defensa relató a su salida que tuvo que aclarar dos cuestiones, si bien ella reiteró que está separada de Esgueva desde el año 2004. De esta forma, fue interrogada por la venta de dos viviendas en el 2005 y 2006 -una en sociedad de gananciales y otra privativa- al exviceconsejero Rafael Delgado. Una de ellas la situada en la urbanización El Pichón, a las afueras de la ciudad de Valladolid, y la otra en Comillas (Cantabria).

Al respecto, María del Mar Moreno señaló que en los próximos días presentará justificantes de las operaciones de venta y argumentó que el precio de las viviendas era razonable según la situación del mercado inmobiliario entonces, en los años previos al estallido de la crisis económica. Finalmente, aseguró que lograron un “buen precio” con esta transacción.

El abogado de Ecologistas en Acción señaló que Moreno “olvida en algún momento” cómo se realizaron los pagos de las dos casas, una cuestión que se conoce y que se abonaron mediante una “subrogación en créditos hipotecarios, cheques y cash, con cantidades de entorno a 60.000 euros”. El comprador, Rafael Delgado, “se lo sugiere su exmarido”.

Además, Moreno negó conocer con anterioridad al viceconsejero, cuya defensa consideró que éste pagó hasta “el último euro”, con lo que “no se mantiene el criterio del fiscal de que podría haber dádivas”. Moreno especificó cómo se realizó este pago y anunció que presentará justificantes de esos abonos. La defensa de María del Mar Moreno corresponde al abogado Fernando Cantalapiedra, el mismo letrado que asiste a su exmarido Alberto Esgueva y su hermano, el empresario Francisco Esgueva.

Por último, también declaró en calidad de investigado el directivo de Inverduero Patricio Llorente Muñoz, cuyo abogado valoró que respondiera a todas las preguntas formuladas durante cerca de hora y media. A su juicio, facilitó explicaciones “más que suficientes y razonables” acerca de la actividad que ha desarrollado esta empresa, Inverduero, “presente en el sector antes de los hechos que la Fiscalía Anticorrupción entiende que son delictivos”.

“Es una empresa líder, con vocación de permanencia en el sector y con interés de construir los parques eólicos en los que participa”, señaló su letrado, quien destacó que Llorente detalló cada operación, pues solicitaron realizar unos 45 parques. Sus hermanos, Alejandro y Miguel Ángel, declararán el próximo día 26 de julio, al igual que Ricardo Bravo, entonces delegado en la Comunidad y consejero de Iberdrola Renovables.