La Junta anuncia 6 millones de euros para avanzar en la ordenación del territorio

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la constitución de Mancomunidades de Interés General, avanzar en el modelo de ordenación del territorio tanto urbano como rural, fomentando la asociación voluntaria eficiente de municipios para la prestación de sus servicios, así como apoyar a las denominadas mancomunidades ‘clásicas’.

Este nuevo escenario de cooperación económica local general ha hecho necesario introducir una serie de modificaciones en la Orden normativa reguladora de la cooperación económica local general, que marca las condiciones de esta convocatoria de ayudas o subvenciones que responde, por una parte, a la voluntad autonómica de incorporar elementos de flexibilización en la tramitación y gestión de las ayudas de la Cooperación económica local y, por otra, a flexibilizar el destino de las subvenciones, de tal forma que se ha añadido una nueva modalidad de concesión de ayudas para que puedan destinarse indistintamente a inversiones u operaciones corrientes.

La convocatoria para el fomento de las mancomunidades está dotada con 6 millones de euros distribuidos en dos líneas: 4,5 millones de euros para el fomento de las Mancomunidades de Interés General y 1,5 millones de euros destinados al apoyo de las mancomunidades ‘clásicas’. Estas ayudas podrán destinarse indistintamente a gastos corrientes o a inversiones y podrán solicitarlas las MIG, tanto urbanas como rurales, que se hayan constituido, así como los ayuntamientos que se comprometan a constituirlas, las mancomunidades ‘clásicas’ que cumplan unos requisitos especiales de ámbito territorial y fines, los ayuntamientos que se comprometan a constituirla y las entidades locales asociativas que cumplan las obligaciones legales presupuestarias.

El vicepresidente ha recordado que, con esta convocatoria, se da respuesta a lo previsto en la Ley de Ordenación del Territorio en la que se contemplaba el apoyo económico a las MIG, así como a lo previsto en la Ley de Medidas de 2014 en la que se regulaba la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma y que contempla estas mancomunidades como posibles beneficiarias de esos fondos.

Las Mancomunidades de Interés General son entidades locales de base asociativa y carácter voluntario, dotadas de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena e independiente de los municipios que las integran para el cumplimiento de sus fines específicos y pueden ser rurales o urbanas.

Las MIG urbanas deben integrar municipios de más de 20.000 habitantes y los de su entorno o alfoz y su ámbito territorial no puede exceder los municipios que integran un área funcional estable. Además, su cartera de competencias y funciones debe ser acordada por los municipios que la forman. Como ha informado el vicepresidente en ocasiones anteriores, la creación de MIG Urbanas ya es posible, puesto que las Áreas Funcionales Estables ya están aprobadas. La convocatoria de ayudas presentada hoy en la Comisión de Coordinación Territorial dota con un 35 % del crédito, es decir, con 1,6 millones de euros, a este tipo de mancomunidades.

Asimismo, con el ánimo de facilitar al máximo a los municipios el acceso a esta línea de financiación, la convocatoria prevé que si no ha habido tiempo para constituir esta figura, serán los municipios los que puedan solicitar y recibir estas ayudas. Para ello, sólo se exigirá el Acuerdo favorable a la constitución de la MIG del Pleno del Ayuntamiento y que se manifiesten en este sentido el porcentaje de Ayuntamientos contemplado en la Ley de Ordenación para ello. El reparto de la ayuda se efectuará en función de los criterios establecidos en la convocatoria.

Del total de la cuantía de la convocatoria, 2,9 millones de euros (el 65 %) van destinados a las MIG Rurales. Esta tipología de mancomunidad debe integrar municipios con una población inferior o igual a 20.000 habitantes y su ámbito territorial debe ser coincidente con una o varias -hasta un máximo de cinco- UBOST rurales y deben tener una cartera de competencias y funciones homogénea y común para todas ellas. En este caso, la constitución de una MIG rural requiere contar con el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio aprobado.

Si se aprueba el mapa antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, el crédito se distribuirá entre las MIG Rurales constituidas de acuerdo a los criterios establecidos en la convocatoria. Si al finalizar el plazo de presentación de solicitudes, no se ha constituido la MIG correspondiente, la convocatoria permite que soliciten la ayuda los municipios de la UBOST rural siempre que exista acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con la conformidad de constituir una MIG y se manifiesten en este sentido la mayoría de los Ayuntamientos que supongan más del 50 % de la población de la UBOST o que aglutinen al 70 % de la población, independientemente de su número.

En el caso de que no se apruebe el mapa antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, con el fin de favorecer la agrupación coherente y ordenada de los municipios rurales para la prestación de sus servicios, la convocatoria prevé que la cuantía prevista para las MIG Rurales se destine a ayudas a mancomunidades ‘clásicas’ rurales que cumplan una serie de requisitos: que su territorio coincida con el de una o varias Zonas Básicas de Salud, en cumplimiento del artículo 32.1 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León; que desarrolle cuatro de los siguientes fines: recogida de basuras, limpieza viaria, alumbrado público, red de alcantarillado, parques y jardines, servicios de información y promoción turísticas o informes de licencias urbanísticas; y que cumpla las obligaciones legales y presupuestarias.

Además, dado el compromiso del Gobierno autonómico con el medio rural y su deseo y voluntad para que las nuevas medidas de cooperación económica vayan destinadas también a estas zonas, De Santiago-Juárez ha subrayado que, en el caso de que no se cumpla alguno de los requisitos, se permitirá acceder a la financiación si se ha iniciado la modificación de sus estatutos para cumplirlo.

Asimismo, con el ánimo de facilitar al máximo a los municipios el acceso a esta línea de financiación, la convocatoria prevé que si en una Zona Básica de Salud Rural no existe una mancomunidad que desarrolle los fines mencionados, la ayuda la puedan solicitar los Ayuntamientos que se comprometan a constituir una mancomunidad ‘especial’ de las descritas anteriormente, exigiéndose para ello que se pronuncien en este sentido las mayorías previstas para las MIG Rurales.

En coherencia con el contenido del Proyecto de Ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación, en el cual la Junta se compromete a un tratamiento similar para las mancomunidades ‘tradicionales’ que cumplan sus obligaciones legales y presupuestarias que el de las Mancomunidades de Interés General, esta convocatoria incluye una línea de apoyo económico para las mancomunidades y otras entidades locales asociativas existentes por un importe de 1,5 millones de euros.

Para poder acceder a esta línea, las mancomunidades ‘clásicas’ tienen que estar válidamente constituidas a 1 de enero de 2018, así como cumplir las obligaciones legales y presupuestarias.

Además, estas ayudas serán compatibles con las que la misma mancomunidad pueda solicitar y obtener como mancomunidad especial si cumple los requisitos anteriormente descritos.

Las solicitudes para acceder a estas ayudas deberán presentarse electrónicamente a través de la Sede Electrónica del Portal de la Junta de Castilla y León antes del 29 de junio de 2018 y la resolución de la convocatoria está prevista para antes del 14 de septiembre. En el caso de que se apruebe el mapa, la convocatoria establece que se ampliarán los plazos.

La Consejería de la Presidencia tiene previsto, en las próximas semanas, dar una charla informativa a los gestores públicos, principalmente secretarios-interventores, que habitualmente se encargan de la tramitación de las solicitudes de ayudas, en cada una de las nueve provincias de la Comunidad, para facilitar su concurrencia a la convocatoria.

Tras esta convocatoria, queda pendiente la aplicación de los fondos del Plan de Convergencia Interior, para el que los presupuestos autonómicos contemplan un importe de 25 millones de euros cuando se apruebe la ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León.

Por su parte, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha informado sobre los acuerdos del Diálogo Social relativos a las entidades locales, en concreto, sobre las medidas aprobadas en el Plan de Empleo Local para 2018, firmados el pasado 15 de febrero por el presidente de la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales.

El Plan de Empleo local destina este año 55,2 millones de euros, un 7,5 % más que en 2017, en once líneas concretas que tienen como objetivo la creación de más de 8.000 empleos en los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad. La principal novedad para 2018 se dirige a las personas de más de 55 años con el objetivo prioritario de mejorar su empleabilidad e inserción en el mercado laboral.