Sanidad atiende ya a más de 10.000 extranjeros en situación irregular, con un repunte del 20% en un año

Estos datos se corresponden con las atenciones prestadas tanto en Atención Primaria, como en Consultas Externas y Urgencias hospitalarias, pero también con las solicitudes de información y las situaciones en las que estas personas han tenido algún contacto con la Administración. En el último año, hubo 2.071 personas que fueron atendidas, lo que generó 4.669 asistencias prestadas en las consultas de Medicina de Familia.

Mientras, los servicios de urgencias atendieron a 1.409 pacientes, lo que derivó en 2.742 consultas, y en las consultas externas de los hospitales los especialistas asistieron a 2.252 pacientes, con 11.426 consultas. Estas cifras indican que las personas extranjeras en situación irregular acudieron casi dos veces de media a urgencias (1,9 veces), mientras que fueron más de cinco (5,07) a una consulta con el especialista.

Por centros, donde hubo mayor actividad fue en los hospitales de las grandes capitales. Así, el Complejo Asistencial de Burgos atendió a 539 pacientes en sus consultas externas, con 2.731 visitas, mientras que los centros de Valladolid - Hospital Universitario Río Hortega y Clínico Universitario- sumaron 395 pacientes, con 2.043 consultas. El tercero por volumen de activad fue el Complejo Hospitalario de Segovia, con 320 pacientes atendidos y 1.570 consultas. Por el contrario, donde menos consultas externas se registraron fue en la provincia de Zamora, con 357 visitas de 83 pacientes.

En cuanto a los servicios de urgencias, de nuevo el Hospital de Burgos fue al que recurrieron en mayor medida los inmigrantes sin papeles, con 315 en 659 casos. Mientras, en Valladolid capital acudieron 264 en 517 ocasiones. La provincia que atendió menos urgencias de personas inmigrantes irregulares fue Soria, con 47 que acudieron en 82 casos-.

La normativa aprobada en el año 2012 a nivel estatal supuso la exclusión del acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros que hasta entonces disponían de la misma pero que se encontraban en situación irregular, al tiempo que mantenía el acceso de parte de ellos, como los menores, las embarazadas, y las situaciones de urgencia. A pesar de ello, la Consejería de Sanidad tomó la decisión de no dar de baja a las personas que habían perdido el derecho y seguir proporcionando cobertura sanitaria a este colectivo. Incluso continuó registrando, por motivos humanitarios, nuevas altas de extranjeros en situación irregular que requerían atención sanitaria.

El derecho de todos los ciudadanos para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que promulga la Ley General de Sanidad, garantiza la prestación de la asistencia sanitaria a cualquier persona que lo solicite sin comprobación previa de su situación administrativa o de aseguramiento, debiendo realizarse la citada comprobación como un trámite posterior a la atención sanitaria.

Una vez prestada la atención, la única información de la que se dispone en los centros sanitarios, además de la información clínica del paciente, es la correspondiente a si ese paciente en cuestión ostenta o no la condición de asegurado. El hecho de no ser asegurado conlleva un procedimiento de facturación por la atención prestada, común a todas las situaciones de falta de aseguramiento, que no permite recoger la situación de irregularidad.