El PP salva de la reprobación al vicepresidente de la Junta por la gestión de las oposiciones

La procuradora de la formación morada Natalia del Barrio presentó una moción en la que también pedía «de forma inmediata» las convocatorias pendientes de la Oferta de Empleo Público correspondiente a los años 2017 y 2018, la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) realizada recientemente «de forma negociada con los sindicatos» para adecuarla a las necesidades reales de la Administración, la publicación en el Portal de Gobierno Abierto la RPT, así como las cantidades percibidas por cada funcionario por el concepto de gratificaciones. Además incluía la restitución de la jornada laboral de 35 horas en todas las áreas de la Administración de Castilla y León y la reversión a la Administración General de las funciones que se trasladaron a fundaciones.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el procurador Ángel Ibáñez pidió la votación del punto cuatro por separado para darle su respaldo, al entender que la publicación de la RPT ya se está cumpliendo, tal y como aparece publicado en la página de la Junta, único aspecto de la moción que salió adelante en esta segunda jornada del pleno de las Cortes. Al mismo tiempo, Ibáñez recordó que el consejero de la Presidencia ya pidió perdón a los empleados públicos. Explicó que el resto de puntos también tendrían el rechazo de los 'populares' porque, en relación a las convocatorias, antes de dar cumplimiento a los procesos de 2018 hay que cumplir los de 2017, algo que se está haciendo.

Por lo que respecta a la publicación de las gratificaciones de cada funcionario solicitada por Podemos, Ibañez aclaró que eso supondría el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, al mismo tiempo que apuntó el incumplimiento de la norma en el caso de la restitución de la jornada laboral de 35 horas ya que no es aplicable ya que no se pudo dar cumplimiento con el objetivo de déficit, tal y como pide la ley. «Cuando traigan propuestas serias sobre la función pública, estaremos encantados de contemplarlas», reclamó el procurador 'popular'.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos respaldó la moción de la formación morada, aunque estimó que la reprobación no solo correspondería al consejero de la Presidencia y la vicepresidenta de la Función Pública, sino a la Junta en general «después de 30 años colocando a los afines» y generando «una estructura clientelar». A juicio del procurador de la formación naranja Manuel Mitadiel, en Castilla y León se ha generado «todo un sistema que pretendemos que acabe en las próximas elecciones» para dar cumplimiento a principios de «igualdad, mérito y capacidad».

Ciudadanos presentó una enmienda en la que pedía la modificación del sistema de provisión de todos los puestos de trabajo catalogados como de libre designación, convirtiéndolos en puestos a cubrir mediante concurso ordinario, porque lamentaron que «los niveles más altos se reservan para cargos de confianza». Para Mitadiel, hay que «mejorar» la eficacia de la administración «para que no suponga una carga, sino un impulso».

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador José Ignacio Martín Benito estimó que la moción de Podemos es «poco ambiciosa» e incluso consideró que podría haber sido «más extensa». Los socialistas presentaron una moción para remitir un Proyecto de Ley que extienda la carrera profesional «a todos los empleados públicos, con el consenso de los agentes sociales, y para que pueda entrar en vigor en el año 2019», un punto que se votó de forma separada y que contó con el rechazo del Grupo Popular, por lo que fue desestimada.

Martín Benito estimó la existencia de un «divorcio evidente» entre la Junta y los empleados públicos, y consideró que la crisis económica ha serido para «maltratar» a estos trabajadores por parte del PP, mientras que ha puesto de relieve el «tesón» de estos empleados, declaró.