Ruiz afirma que no tuvo «constancia» de irregularidades en la autorización de parques eólicos durante su etapa en la Junta

Ruiz, vicepresidenta entre 2004-2011 y responsable de la Consejería de Medio Ambiente desde julio de 2003 a octubre de 2004 y de 2007 a 2011, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación de las Cortes que analiza el proceso de autorización de parques eólicos, la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo (Valladolid), así como las oficinas comerciales en el exterior.

La exvicepresidenta y extitular de Medio Ambiente, que recalcó acude a la comisión cuando se le ha citado, negó haber recibido regalos de nadie y sentenció que duerme «muy tranquila», porque no está inmersa en procesos judiciales y pidió que se deje trabajar a los tribunales. Además, subrayó que se enteró de posibles irregularidades en 2015, cuando apareció un informe de la Agencia Tributaria, algo que reconoció que le «preocupó».

Al respecto, María Jesús Ruiz defendió el «rigor» y trabajo de los miembros de la Consejería de Medio Ambiente y advirtió de que si hubiera tenido constancia de alguna irregularidad la hubiera corregido, más allá de los «errores» que ella pudiera haber cometido en el ejercicio de sus cargos.

El socialista José Francisco Martín facilitó a Ruiz un documento firmado por el entonces secretario general de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez, quien a su juicio ordenaba paralizar los parques eólicos para solo dar trámite en aquellos en los que se produjera una avocación hacia el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y participaran empresas de Castilla y León en el accionariado de los promotores.

La exconsejera aseguró que en 2003, cuando llegó a Medio Ambiente, había un «atasco ingente» de expedientes eólicos, que se tramitaban por orden de presentación, pero además, a su juicio los servicios territoriales estaban «doblemente atascados».

«Decidimos parar y hacer una evaluación previa en el territorio», explicó María Jesús Ruiz, quien refrendó la orden enviada a las delegaciones territoriales por su 'número dos'. «Me parece bien», dijo y explicó que esa suspensión sirvió para determinar las áreas concretas que no eran susceptible de acoger parques eólicos, con el fin de trabajar en falso. En segundo lugar, añadió, que se determinaron otras zonas susceptibles con medidas correctoras y otras perfectamente libres. «Se hizo un paréntesis», indicó para dar seguridad jurídica y agilizar y no paralizar los proyectos.

Sobre la paralización de expedientes y la emisión de la declaración ambiental que hizo el socialista José Francisco Martín, la exvicepresidenta consideró que el relato era una «fantasía», puesto que a su juicio se basa en un «contubernio» de disintas personas. «Nadie ni me obligó, ni me llamó, ni para forzar procedimientos, ni para evaluar antes o después», agregó.

En relación a la compra del Edificio de Arroyo y de los terrenos de Portillo, María Jesús Ruiz aseguró que como vicepresidenta no podía intervenir en las competencias de otra consejería y que tampoco participó en los órganos de gobierno de las empresas públicas afectadas. Además, añadió que solo había estado en la sede en el exterior de Bruselas y que desconocía la existencia de oficinas en Miami o Panamá.

La procuradora de Podemos Laura Domínguez le preguntó de forma directa si fue conocedora de lo sucedido con los parques a lo que ella respondió que «en absoluto» y que la primera noticia que recibió fue en 2015. «No tuve nunca, ni constancia, ni duda, ni se me apercibió de que estuviera sucediendo algo irregular», sentenció Ruiz.

En relación a la avocación que dejó sin intervención a los servicios territoriales, Ruiz reiteró que nunca tuvo conocimiento de esta actuación, que consideró seguiría lo recogido en la ley. Además, la exconsejera indicó sobre la tramitación de los parques que estaba «clarísimo» el procedimiento e indicó que ella nunca recurrió a esa posibilidad porque así lo recogía la legislación ambiental. «No veo por qué ese procedimiento iba a generar suspicacias», añadió y reiteró es una opción prevista en la legislación.

Sobre las declaraciones de impacto ambiental, Ruiz negó que en ningún caso se agilizaran o retrasaran, puesto que defendió que la legislación establece de forma «detallada» las consultas a diferentes órganos y pasos a seguir. «Ni se adelantó, ni se paralizó», dijo y replicó que ella no dio ninguna instrucción al respecto.

Así, indicó que en 2003, ella firmó ocho declaraciones ordinarias, competencia de la consejera, y 51 simplificadas de los delegados territoriales. En 2004, recordó que firmó cuatro ordinarias y una simplificada. Además, desde ese año y hasta 2007, indicó que no le consta que nadie denunciara ninguna situación o presionara para acelerar los trámites. «En ningún caso modifiqué nunca ninguno de los propuestas que venían de las comisiones y no me consta que nadie lo hiciera», dijo.

María Jesús Ruiz aseguró que ella era responsable de que la tramitación ambiental se hiciera de acuerdo a la ley en todos los casos, pero replicó que esto no supone la aprobación de todo el expediente. Además, como exconsejera de Medio Ambiente, se responsabilizó de lo hecho, pero replicó que no hay «tacha, ni duda».

En relación a la Fundación Patrimonio Natural, la procuradora de Podemos advirtió de que recibió donaciones de adjudicatarias de parques eólicas, a lo que la exconsejera indicó que desde su creación en 2005 recibió medidas compensatorias por afección al medio ambiente, lo que desvinculó de convenios específicos con la obra social con entidades financieras. «Yo no he determinado nunca las medidas correctoras, ni las medidas compensatorias», puesto que recalcó que era un requerimiento técnico.

El portavoz de Cs Francisco Javier Panizo optó por dejar «al margen» el ámbito judicial, por lo que se centró sobre las responsabilidades políticas y pidió a Ruiz que explicara su participación en las declaraciones ambientales. La exconsejera indicó que se aplicó la Ley de Prevención Ambiental de 2003, que recalcó eran más restrictiva que la legislación básica española. «En ningún caso tenemos ahí tacha», dijo para defender la corrección de la tramitación administrativa.

«Yo no conocía quienes eran los promotores eólicos», afirmó y añadió: «Nunca tuve reservas ni de los altos cargos, ni de los funcionarios». «Eramos una consejería instrumental, de tramitación», dijo sobre lo que llegaba de promotores privados o administraciones. Por ello, dijo que firmaba declaraciones ordinarias cuando finalizaba el procedimiento, puesto que no participaba en las comisiones de prevención, ni territoriales, ni en las autonómicas.

Además, señaló que nunca modificó las previsiones que recogían los expedientes y que nadie lo hizo sobre los acuerdos de las comisiones territoriales o autonómicas, ni lo que firmaban los delegados territoriales. El procurador de Cs advirtió de que una sentencia de un juzgado de León anuló la declaración ambiental por trocear los proyectos, si bien Ruiz señalo que la Consejería tramitaba lo que llegaba del promotor y el órgano sustantivo.

Además, Ruiz señaló que en su segunda legislatura en Medio Ambiente tuvieron mucho trabajo, porque además de autorizar lo ordinario, tuvieron que revisar lo existente. «Es que no llegábamos», dijo. Además, señaló que los procedimientos de energía fueron, por ejemplo en 2007, 32 (16 de parques eólicos) de un total de 314.

A las preguntas del 'popular' Alberto Castro la exvicepresidenta insistió en que si hubiera tenido sospecha o constancia de alguna irregularidad habría «tomado las medidas oportunas» y añadió que no recibió ninguna queja por los retrasos en la tramitación, ni tampoco «presiones» para acelerar las gestiones. Además, Ruiz defendió las evaluaciones como un procedimiento «muy garantista» y, por tanto, «muy difícil» de «saltárselo». «Es muy, muy exigente en todos los aspectos».

En general, destacó que «funcionó bien» el plan eólico y el desarrollo industrial asociado, puesto que recalcó Castilla y León atesora un 23 por ciento de los megavatios eólicos, casi uno de cada cuatro de España. «Fue un momento y un hecho relevante», dijo si bien reconoció que la crisis anterior hizo perder gran parte de esas plantas industriales. «Habrá que revisar lo que se considere mejorable», concluyó.

Finalmente, Alberto Castro puso en valor la «actitud» de los distintos ejecutivos autonómicos para esclarecer determinados hechos. «Algunos no vienen con la intención de esclarecer, sino de confundir», dijo. «Sacamos conclusiones buscando la confusión», añadió el zamorano. «Una cosa son los hechos y otra la conjunción de narraciones», apostilló.