El CES «relanzará» en septiembre su lucha en Europa por la industrialización de Castilla y León

Cabero recordó que el 29 de noviembre de 2019, durante una jornada en la sede del CES ('Por una estrategia europea de transición justa. Estrategias sindicales frente a la deslocalización industrial de Castilla y León'), con la presencia del presidente del Grupo de Trabajadores del CESE, Oliver Röpke, CCOO y UGT presentaron un documento, que remitieron al órgano europeo para que incluyera seis medidas dentro de un dictamen que debía emanar en medio año de su Comisión de Transformación Industrial, que tendría que haberse presentado al Parlamento Europeo, para determinar sus políticas en la materia.

Enrique Cabero reconoció que los trabajos «no siguieron la velocidad» que esperaban, y cuando empezaron, surgió la pandemia, que paralizó todo. El documento y su contenido, dijo Cabero, «está de absoluta actualidad, renovada por la crisis» y aclaró que su idea es «relanzar esa colaboración y actualizarla a la nueva situación generad por la pandemia de crisis económica y social».

Cabero constató que se trata de un»tema clave» que en noviembre de 2019 se enmarcó «dentro de las estrategias sindicales, para la transición justa, pero ahora requiere una reflexión específica que es en lo que están trabajando, «adaptándolo al contexto actual». La clave es reforzar «las propuestas ya lanzadas desde Castilla y León», dijo, para remarcar su cooperación con el profesor de Derecho Internacional Privado Universidad de Valladolid, Damaso Javier Vicente, en esta materia.

En este sentido, el reto que ahora se marca Cabero dentro del seno del CES, en cooperación con sindicatos y empresarios, es impulsar esa línea de trabajo hacia la industrialización, ya que «si antes era acertada, con la COVID hay nuevos datos que invitan a reforzarla y activarla». «Hay que dar celeridad al procedimiento», dijo a Ical, para explicar que están programando «reuniones virtuales» con el CESE en septiembre, para que las conclusiones «se agilicen en Bruselas lo más posible».

Cabero recordó que el objetivo es lograr normas del Parlamento Europeo en defensa de la industria en toda Europa, en España y en Castilla y León, como territorio con necesidades especiales por su estructura demográfica. Así, asumió que lograr que se incluyan sus demandas en el dictamen del CESE y que éste se agilice hacia el Parlamento, «es clave». «Con ese acuerdo en el seno del CESE es mucho más fácil que se aprueben normas», comentó.

Enrique Cabero también puso de relieve la preocupante situación económica que está generando la COVID-19, con fuertes impactos en sectores estratégicos para la Comunidad, como la automoción, y advirtió de que «el ámbito empresarial y sindical es básico que siga unido para esa reindustrialización, que ahora sabemos que es clave». Así insistió también en que quieren lograr un «marco normativo europeo que impida las deslocalizaciones arbitrarias» para que «Europa no se siga desindustrializando». Aseveró que hay que evitar que las empresas logren financiación pública «para luego trasladarse a otros lugares» una idea que «se ha reforzado en esta crisis».

Cabero argumentó que hay que articular medidas de reindustrialización «por varias razones» vinculadas al desarrollo económico y al empleo de calidad que genera la industria, que «es una garantía para luchar contra las crisis económicas y sociales». «Los estados con industria propia más fuerte son los que mejor resisten las graves crisis económicas y sociales; se vio en 2008 y ahora también», dibujó.

Asimismo, apeló a razones estratégicas, porque el sector industrial es esencial para impulsar la I+D+i en la Comunidad. «Tenemos un buen sistema universitario y de ciencia, que debe repercutir en lograr un ámbito tecnológico industrial propio y fuerte», resumió.

La secretaria de Formación, Estudios y Política Industrial de CCOO, Carmen Álvarez, razonó que «esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de tener capacidad de producción industrial» así como la evidencia de que sin una política industria europea puede haber riesgo de que «acabemos haciéndonos dumping entre los estados, algo que hay que evitar».

Carmen Álvarez indicó que quieren que se condicionen las ayudas y buscar mecanismos para proteger Castilla y León de las deslocalizaciones, ante «el daño tan importante» que provocaban en territorios despoblados como la Comunidad.

Precisó que también apuestan por la adecuación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, a los procesos de deslocalización en zonas geográficas económicamente sensibles, para que no solo incluya partidas para formación de los trabajadores afectados, sino también fondos capital-semilla para reindustrializar el territorio.

Álvarez defendió que también «seria interesante» condicionar las ayudas a la inversión en I+D+i en los territorios, para que se mantengan procesos de investigación no solo productivos que «son más fáciles de deslocalizar». Agregó que los centros tecnológicos deben reforzar su papel para generar ecosistemas innovadores que animen a las empresas a mantenerse.

«Esos objetivos tienen mucho más interés ahora en el contexto de crisis de la covid-19, ya que Castilla y León puede tener problemas serios en estas circunstancias, y se puede ver afectada por estas situaciones», puso sobre la mesa.