La reducción de las horas lectivas que propone el Consejo Escolar obligaría a contar con 2.600 profesores más en Castilla y León

El Pleno del Consejo Escolar del Estado aprobó por mayoría el mes pasado un informe que recomendaba al Gobierno establecer un máximo de 23 horas lectivas para los docentes de los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 horas para los profesores de Secundaria. Una demanda que supondría revertir los recortes aprobados por el anterior Ejecutivo en 2012.

Además, el Consejo Escolar reclamó una «homogeneización» en toda España de la parte lectiva de la jornada laboral de los docentes «para evitar desigualdades entre el profesorado». La reforma educativa que plantea la ministra socialista de Educación, Isabel Celaá, aboga por reducir las horas lectivas de los docentes pero deja en manos de las comunidades esta decisión.

El consejero de Educación, Fernando Rey, siempre ha defendido que las medidas que recoge el anteproyecto para acabar con el incremento del número de alumnos por aula, las horas lectivas y el plazo de la sustitución de profesores a partir de diez días requieren de un acuerdo de financiación. «Podremos adoptarlas cuando exista otro marco porque sin financiación sería el típico invito yo, el Ministerio, pero pagas tú, la comunidad autónoma», afirmó hace unas semanas.

Algo que corroboró Rey en una reciente entrevista a la Agencia Ical al asegurar que el sistema de financiación no cubre la prestación de servicios y abogaba por otro modelo que tuviera en cuenta la calidad del servicio. «Hay que mejorar el tema de las sustituciones y tenemos que reducir el horario, pero pasar de 20 a 18 horas en clase en Secundaria nos cuesta 60 millones de euros más al año de presupuesto», respondió.

La Consejería y las organizaciones sindicales manejaron en verano un borrador de acuerdo de reducción horaria lectiva en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Un documento que pese a que al final no salió adelante contemplaba reducir la jornada de clases a 120 cupos, el equivalente a 120 profesores. Una medida que habría beneficiado solo al 17 por ciento del total del profesorado de ESO y Secundaria de los centros públicos de la comunidad que es el que iba «más cargado» de horas lectivas al impartir materias troncales. Por ejemplo, los profesores de Secundaria que pasarían de dar 21 o 20 a 19 horas de clase a la semana. En su momento, la Junta calculó que esa reducción supondría un desembolso de 5,3 millones de euros.

En el caso de los maestros, también se recogía la bajada de una hora lectiva pero sin efecto real ya que el docente estaba a disposición del director en el centro para dar clases de apoyo, estar en una guardia o una actividad.

CSIF culpa a la Consejería de no llegar a un acuerdo con la «excusa» de la llegada del PSOE al Gobierno central, que había anunciado la derogación del real decreto para acabar con los recortes, mientras que Educación acusa a los sindicatos de no haber firmado el documento por la cercanía de las elecciones sindicales. Además, ahora, fuentes de la Consejería afirman que habrá que esperar al desarrollo del Estatuto Docente por parte del Ministerio, sin olvidar el panorama que se abre con la nueva propuesta del Grupo Parlamentario Popular para extender por ley la carrera profesional a todos los empleados públicos de Castilla y León, incluidos los docentes.

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga, reconoce a Ical que el borrador de acuerdo era «insuficiente» al beneficiar solo al 17 por ciento de los docentes de Secundaria, con un coste reconocido por la Junta de 5,3 millones. Pero el sindicato lo consideraba como un primer paso para rebajar el horario lectivo en los próximos cursos e incluir a todo el profesorado. «No era el último acuerdo que queríamos pero suponía poner fin a los recortes y el compromiso era disminuir las horas de clases de forma progresiva, como ha ocurrido en otras comunidades», precisa.

Madruga añade que la paralización de negociaciones que adoptó la Junta, a la espera de conocer el anteproyecto de Ley del Gobierno sobre la mejora de las condiciones para el desempeño de la enseñanza, fue una «excusa de mal estudiante». Y lo justifica al señalar que otras comunidades autónomas ya han aplicado la reducción horaria. Por ejemplo, Andalucía ya aplica este año las 18 horas lectivas en Secundaria mientras que Extremadura está con 19 horas y alcanzarán las 18 el curso próximo, en el marco de la reducción de la jornada semanal a 35 horas de todo el personal público. Canarias acaba de firmar un acuerdo para comenzar en 2019-2020 con 18 horas lectivas mientras que Valencia está en plena negociación.

En este sentido, CSIF exige que se negocie y no se espere a la derogación de la normativa nacional mientras el consejero presume de los resultados educativos de la Comunidad. «La Junta debe reconocer la labor que desarrollan los docentes, que pasa por pagarles más y aplicar una baja de horas lectivas», sentenció la responsable sindical.

El secretario regional de Negociación de CSIF Enseñanza, Mariano González, deja claro que la demanda de reducir el horario lectivo no significa que los docentes tengan una bajada del horario laboral, fijado en 37,5 horas semanales. «Las horas que motivan una mayor concentración para un maestro o un profesor son las de clase, pero no solo por estar en el aula sino que eso implica preparación de la materia, corrección de exámenes, evaluaciones y reuniones con padres», explica. Además, recuerda que una mayor carga de trabajo repercute en la calidad de la enseñanza que prestan a los alumnos.

El sindicato recuerda que durante los años más duros de la crisis se perdieron 1.500 docentes en la Comunidad, al comparar los censos de 2010 (27.954 profesores) y 2014 (26.552). «El problema de estos últimos ejercicios es que, junto a la subida de horas lectivas y de ratios, no ha habido oposiciones todos los años y las ofertas de empleo público han sido nulas o escasas», subraya Isabel Madruga. Añade que durante años de congelación de oposiciones, por ejemplo, no se cubrió la tasa de reposición en Secundaria motivada por bajas, jubilaciones y defunciones del personal. Todo ello, explica, motiva que la tasa de interinidad en la ESO esté en el 23 por ciento.