Las reclamaciones de los consumidores de Castilla y León experimentan una caída del 8,55% en 2021

Así lo reflejan los datos elaborados por la Unión de Consumidores de Castilla y León en su informe 'Consultas y reclamaciones 2021', compartidos a través de un comunicado remitido a Ical, y en el que se vislumbra un descenso total del 0,78 por ciento en el número de intervenciones desde las 25.675 realizadas en 2020 a las 25.476 comunicadas en este 2021.

Las materias objeto de evaluación que más aportan, alcanzando los dos dígitos, son las relativas a servicios de interés general, que con un leve ascenso del 0,49 por ciento, abarca el 38,32 por ciento del total; y servicios financieros, que con la misma tendencia refleja un ascenso del 0,28 por ciento y supone un 16,96 por ciento del total.

Tras ellos se sitúa comercio, que se apunta una nueva bajada, ahora del -2,13 por ciento, y recoge el 10,46 por ciento del total de intervenciones. En cuarto lugar, y con uno de los mayores crecimientos (16,11 por ciento) se ubica Sanidad, ampliando su participación el total al 9,25 por ciento.

En consecuencia, y así lo refleja la tabla estadística, el sector servicios de interés general sigue ocupando el primer puesto de manera muy destacada, donde la telefonía, internet y nuevas tecnologías, junto con la electricidad y el gas con su imparable subida de precios, suponen el mayor porcentaje de las demandas contabilizadas.

Del análisis de los datos se desprende, según la Unión de Consumidores de Castilla y León, «cómo ha continuado aumentando el colectivo de consumidores instalados en una situación de inseguridad y, lo que es más acuciante, de vulnerabilidad, lo que viene a determinar su comportamiento en el mercado y directamente en su capacidad de gasto».

Por otro lado, también se desprende que los consumidores «son más conscientes de saber defender sus intereses, buscan información y asesoramiento, y ante esta situación se han volcado en la utilización de los medios informáticos y telemáticos». Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, «la conciencia asociacionista se mantiene en unos niveles mediocres».

Por ello, desde la Unión de Consumidores de Castilla y León se considera «cada vez más apremiante» su reivindicación de una «mayor implicación tanto de los ciudadanos como de las administraciones públicas» en relación con la protección de los derechos de los consumidores y el fomento de sus organizaciones representativas, así como sobre su función de regulación y supervisión del mercado, por ser estas «labores imprescindibles como ha quedado demostrado en unas circunstancias tan adversas como las que han caracterizado el último ejercicio».