Rechazada la toma en consideración de una ley para crear un servicio profesional de bomberos en la comunidad

Así lo expusieron Miguel Ángel Peregrina (PP) y Francisco Javier Panizo (Cs) al replicar los argumentos de la iniciativa expuesta por el socialista José Luis Vázquez, que lamentó que se pierda una oportunidad histórica para implantar un modelo se servicio profesional y territorial y para la que sí contó con el «sí» de Podemos y UPL y la abstención de Por Ávila y María Montero.

En el debate de toma en consideración de la proposición de ley reguladora de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista, el procurador José Luis Vázquez sostuvo que no presentan una ley de bomberos, sino la gestión directa desde la seguridad jurídica de un servicio de emergencias con la cofinanciación de la Junta.

Vázquez manifestó que tienen que ser agentes de la autoridad y no voluntarios, que éstos en todo caso tendrán que ser complementarios, afirmó que se cuenta con los nuevos fondos europeos para financiar este servicio, recordó todas las iniciativas de su grupo para que la Junta cumpla con un compromiso de hace trece años recogido en la ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, así como sentencias.

En su intervención, calificó de «sonrojante» el informe de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y retó a qué se diga en que párrafo de su texto se propone la creación de un cuerpo de bomberos de Castilla y León, aunque reconoció que se plantea un Consorcio Autonómico de Coordinación, pero sin conculcar la autonomía local porque su carácter es voluntario.

Lamentó el socialista las consideraciones del informe «con un desconocimiento de la realidad» y de la opinión favorable de todos los colectivos, por lo que pidió no tener en cuenta ese «pseudoinforme» y mejorar la propuesta en su tramitación.

El procurador de Ciudadanos Francisco Javier Panizo afirmó que es un texto «lleno de incongruencias», señaló que la competencia es de las administraciones locales y estimó que se trae a las Cortes «un brindis al sol», sin coherencia y sin una viabilidad real, por lo que manifestó que su grupo no podía votar a favor. «Es imposible dar un paso adelante en defensa de la profesionalización pública del servicio», aseveró.

En la misma línea, el popular Miguel Ángel Peregrina observó «errores, incongruencias y contradicciones» en el mismo objeto de la proposición de ley, cuestionó que la Junta sea la encargada de crear el consorcio autonómico y quienes forman parte del mismo, recordó que estos entes son voluntarios conforme a la legislación y criticó que quieran «controlar todos» y confundan «la voluntariedad».

«Artículo por artículo hay una incongruencia», resumió el popular, para apuntar a que no es constitucional al invadir competencias estatales y otras de las entidades locales. «Un auténtico despropósito», calificó, para criticar que «se despoje» a los municipios de competencias propias. «Es un modelo intervencionista respecto a las competencias de las entidades locales», anotó, para también censurar que la financiación corra en un 50 por ciento por la Junta.

En la réplica, Vázquez lamentó que se pierda una oportunidad histórica para implantar un modelo profesional y territorial y se dirigió a Peregrina, alcalde de Arcos de Jalón, para preguntarle qué le parecería que el centro de salud de su localidad se prestara por voluntarios como ocurre con el parque que contempla el Plan Territorial aprobado por la Junta.

Peregrina pidió la palabra para precisar que los voluntarios de su localidad, con cursos de formación de la Junta, solo han realizado una salida y siempre están amparados por los bomberos profesionales e insistió en que la provincia de León respalda el plan sectorial de la Junta, que calificó de «realista» y dotado con dos millones de euros. «Cada vez que la Junta hace algo se dedican a torpedean», afeó. «Su iniciativa es intervencionista y me atrevo a decir que incluso ilegal», resumió.

Vox apoyó que exista una coordinación y regulación de funciones, pero dudó de la viabilidad del consorcio autonómico y rechazó que el PSOE quiera que «se comulgue con su agenda 2030», sostuvo la procuradora de esta formación Fátima Pinacho.

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, observó también desigualdad en la prestación de este servicio en León con «una indeterminación» y con «vaivenes», defendió que se plantee un marco legal con una red en todas las provincias y unifique criterios en su prestación y respaldó que exista una cofinanciación de la Junta pese a que la competencia recaiga en las diputaciones.

Santos miró a la vecina comunidad de Galicia, gobernada por el PP, para manifestar que allí se cofinancia el servicio por la Xunta algo que lamentó que sea un punto de diferencia porque el Ejecutivo de Castilla y León no esté en esa posición. «Hemos querido abrir el debate», afirmó al expresar el apoyo a la toma en consideración.